MENORES EN PELIGRO. De acuerdo con el informe realizado por el diputado provincial Ramiro Tagliaferro, el 8% del presupuesto total de la provincia ($2.246 millones) se asigna al Ministerio de Desarrollo Social. Para programas específicos de Niñez y Adolescencia se destina sólo el 12% del presupuesto de esta cartera (275 millones de pesos). La Dirección Provincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil tiene asignados sólo $47 millones, equivalentes al 2% del presupuesto ministerial. Al 31 de agosto, el ítem “Centros de Referencia” muestra una inversión de sólo el 3%, mientras que los centros de Recepción y Derivación evidencian un ejecutado menor al 10 por ciento. En programas fundamentales como los Centros de Contención se destina el 19% de los recursos correspondientes a la Dirección Provincial, alcanzando apenas los 9 millones de pesos.
“Vamos a pagar los compromisos asumidos por gestiones anteriores, hasta que podamos organizar nuestro esquema presupuestario”, aseguró a Crítica de la Argentina el ministro Baldomero Álvarez de Olivera, quien al referirse al informe parlamentario afirmó: “No se puede analizar la problemática de la minoridad sólo desde la perspectiva del régimen penal juvenil, hay muchos otros aspectos. Nosotros no queremos que los chicos lleguen a esas instancias, y por eso implementamos otro tipo de programas que propenden a una real inclusión social para lograr que los chicos no cometan delitos”.
Para Omar Giuliani, responsable del hogar Ruca Hueney que aloja menores en conflicto con la ley penal, “el presupuesto no está disociado de la realidad de la provincia de Buenos Aires, donde el Estado se ha desentendido del rol preventivo y proyecta instancias de represión para con los pibes. Desde el gobierno se alienta a que a los chicos, en vez de amarlos, les temamos, en vez de protegerlos, nos protejamos nosotros de ellos”.
“Los institutos están saturados. Los menores quedan en las alcaidías porque no hay plazas”, afirmó Carlos Lami, presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. “En la provincia se habla irónicamente del plan canje, porque se libera a un chico para que ingrese otro que cometió un delito más grave”, dijo.
CÓMO SE USA EL DINERO. De acuerdo con el informe efectuado por el diputado Tagliaferro, el ministerio encabezado por Carlos Stornelli hasta el 31 de agosto lleva ejecutado sólo el 13,72% del ítem “equipos de seguridad”, que incluye los chalecos y el armamento de los uniformados. “A la cartera de seguridad se le asignó para 2009 la suma de 3.805 millones de pesos, equivalentes al 6% del total general del presupuesto provincial. De esta cifra, el 81% se destina a sueldos del personal (3.097 millones) y sólo el 8% (317 millones) a la compra de bienes de uso”, sostiene la investigación. “La ejecución general es del 70% del total presupuestado, 2.696 millones de pesos, pero de todo lo ejecutado, sólo el 5% correspondió a Obras”, explicó Tagliaferro.
Los ítems donde la subejecución se acentúa hasta límites incomprensibles son: Planificación y Operación de la Seguridad Provincial –se gastaron tan sólo 19 mil pesos, contra los $27 millones que estaban presupuestados–, Investigaciones e Inteligencia Criminal donde no se ejecutó ni un solo peso del millón previsto; y Comunicaciones, con sólo el 0,29% sobre un total de $2,8 millones de pesos.
“La inversión en equipamiento y obras muestra que sólo en 2005 representó más del 10% para luego descender al 6% del total del ministerio. En 2009 se destina el 8% del total del Ministerio de Seguridad, pero la ejecución al 31 de agosto es decepcionante: sólo el 14% del total”, finalizó.
Una sola psicóloga para 112 pibes
El dirigente del Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires dijo a Crítica de la Argentina: “Las instituciones que deben trabajar con los menores en conflicto con la ley penal están superpobladas. No hay políticas públicas de rehabilitación. El destino de esos chicos es la muerte o el penal de Olmos. Tampoco desde el estado provincial se hace algo para prevenir la situación, ni para rehabilitarlos cuando los encierran. Es como tener al tigre en la jaula: techo y comida no les faltan, pero ¿qué más les dan? Hay institutos con 112 pibes y una sola psicóloga.
Agüero también explicó: “Estamos reclamando personal desde que comenzó a implementarse la ley en el año 2007. El nuevo marco legal suponía la colaboración de los municipios locales. Seguimos exigiendo que se cumpla, porque no se está aplicando como corresponde. A nuestra organización llegan denuncias de distintas ONG que se ocupan de alojar a los chicos, institutos de día, casas de abrigo, que no están recibiendo el dinero del ministerio. No saben cómo sostener a los chicos porque el ministerio no paga”.
http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=32619
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¿CAJONEO DEL EXPEDIENTE DEL TRIPLE CRIMEN?
EXCLUSIVO: PRUEBAS CONLUYENTES Y TEMOR JUDICIAL
Mientras los medios de información se van olvidando del triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en agosto de 2008, la fiscalía de Mercedes avanza lenta, silenciosa, pero firmemente en el cajoneo de la causa judicial. A pesar de que existe evidencia concluyente para detener de inmediato a los autores intelectuales del expediente de marras, el fiscal Juan Ignacio Bidone ya ha pactado con el kirchnerismo —apriete personal de por medio— no llegar hasta lo más alto de la causa de marras, sino detener a un par de personajes menores y finalizar allí su desempeño profesional.
Uno de los sujetos sobre los que pesa evidencia concluyente es Martín Lanatta, mencionado en Tribuna de periodistas antes que en ningún otro medio. Se trata un funcionario inorgánico del Registro Nacional de Armas (Renar), quilmeño y muy cercano al jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández.
En el marco del triple crimen de General Rodríguez, Lanatta es quien ha citado a los jóvenes "empresarios" que luego aparecieron acribillados en un descampado de esa zona del conurbano bonaerense, al tiempo que gestionó sendos permisos de portación de armas al megadenunciado Sebastián Forza. |
Un dato más que interesante: en estas horas Lanatta estaría trabajando en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el más estricto secreto.
El hombre señalado
Con CUIT 20-23787091-4, Martín Eduardo Lanatta es un enriquecido empresario —aunque monotributista en la categoría más baja— y posee domicilio fiscal en Covadonga 668 de la localidad de Berazategui. Morrudo, de 1,65 metros de estatura, gusta vestir chaleco tipo "cazador" y utiliza con frecuencia un saco de corderoy con mangas muy largas color verde. Se conduce con tres vehículos: un automóvil Volkswagen "Escarabajo" New Beetle color gris metalizado; una camioneta Ford Ranger cabina simple, con inscripciones de una empresa de la construcción en sus puertas; y un Toyota Corolla gris.
El currículum de Lanatta lo muestra como una persona inquieta, interesada en actividades muchas veces incongruentes entre sí: "edición de libros y publicaciones", "impresión de diarios y revistas", "servicios jurídicos", "servicios para el orden público y la seguridad", "transmisión de sonido, imágenes y datos", y un tópico que develará parte de la trama detrás del triple crimen: "fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos".
Como se ha señalado sobradamente desde las virtuales páginas de este medio, Sebastián Forza fue asesinado a causa de oscuros negocios llevados a cabo en sociedad con el kirchnerismo, tal cual admitió el occiso a este cronista —único que pudo entrevistarlo— en mayo de 2008. Posteriormente, su muerte se disfrazó de "ajuste de cuentas mexicano" para desviar la investigación.
¿Qué admitió Forza en esa entrevista? aseguró haber hecho negocios turbios relacionados a medicamentos y blanqueo de dinero en sociedad con importantes funcionarios del gobierno, motivo por el cual temía que lo asesinaran. Un dato: jamás habló de efedrina o mexicano alguno.
En el marco de lo mencionado, no parece casual que Lanatta aparezca relacionado a la industria farmacéutica y menos aún que jamás se lo haya llamado a declarar judicialmente, sobre todo cuando fue mencionado por dos importantes testigos. Cae de maduro que es un protegido desde las más altas esferas del poder.
Otro dato no menor, mencionado por una de las fuentes consultadas para este artículo: a Lanatta le gustan mucho las armas. "Suele practicar tiro y para con mucha frecuencia en boliche frente al Renar, donde lleva a cabo trámites de registro de armas. Es legítimo usuario de portación de una Glock calibre 40".
Por si alguno no lo recuerda, un arma del mismo calibre y marca es la que se utilizó para concretar el triple crimen de General Rodríguez.
Socios del silencio
Poco antes de ser asesinado, Sebastián Forza sufrió una serie de amenazas por parte de un personaje señalado vastamente por este periódico: Ibar Esteban Pérez Corradi, un joven "empresario" de 31 años, mencionado por la embajada de Estados Unidos como nexo entre narcotraficantes y laboratorios medicinales.
Ante la AFIP, Pérez Corradi declara tener como actividad principal la de "servicios de financiación y actividades financieras", y como secundaria el "asesoramiento, dirección y gestión empresarial". Asimismo, compartió en su momento una suerte de sociedad con Forza, en la cual este último ponía su fuerza de trabajo y el primero financiaba las operaciones con dinero contante y sonante en una lúgubre oficina del pasaje King de esta Capital Federal.
La sociedad se disolvió en 2007 —de la peor manera— y Pérez Corradi logró algo insólito: no ser investigado por la Justicia a pesar de que Forza lo había denunciado penalmente en dos oportunidades por amenazas de muerte. Quien escribe estas líneas aportó oportuna evidencia en ese sentido ante la fiscal Ana Yacobucci, en septiembre de 2008, pero nada hizo la funcionaria al respecto.
Corradi y Lanatta son partes fundamentales del rompecabezas que puede ayudar a resolver el triple crimen, junto a otras dos personas, Jorge Adrián Cabrera y Pablo Héctor Quaranta. El gran problema es que jamás pudieron ser relacionados entre sí. Hasta hoy.
Luego de un exhaustivo análisis y cruzamiento de información —que duró varias semanas—, Tribuna de periodistas ha encontrado interesantes relaciones entre todos, directa e indirectamente. Veamos.
En los registros de la AFIP, Pérez Corradi figura como presidente de una sociedad anónima llamada C&C Building, dedicada a la "construcción de obras civiles y comerciales". En este emprendimiento, con un capital social declarado de 50.000 pesos, está asociado con Jorge Adrián Cabrera, quien se desempeña como director suplente. Además es propietario de Odin Concept S.R.L. junto a Pablo Héctor Quaranta.
Asimismo, en la Inspección General de Justicia hay registros de una sociedad llamada Elvesta Argentina SA, dedicada a la "venta de ropa salvo de cuero y tejidos de punto". Allí, según consta en el acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 1 del 8 de febrero de 2008, se designó a Jorge Adrián Cabrera como Presidente y a Martín Lanatta como Director Suplente. El domicilio social de Elvesta está ubicado en Pola 2477 de esta Capital Federal. Esto demuestra que Cabrera es el nexo directo entre Lanatta y Corradi.
En buen romance, se trata del "eslabón perdido".
Concluyendo
Los mencionados no son los únicos que debe investigar —y citar— la Justicia. La lista es bastante más extensa y por demás interesante. Primeramente, existe una sociedad llamada Homeland Brokers Security SA, constituida el 30 de noviembre de 2007 que jamás ha sido puesta bajo la lupa de los investigadores.
Los alcances de sus prestaciones son sugestivas: "prestación de servicios de asesoría y consultoría integral a empresas o clientes particulares relacionadas con la seguridad en redes de información y comunicaciones; asesoramiento en salvataje de personal y bienes en situación siniestral y/o preventiva; seguridad en la protección de la propiedad intelectual; detección de fraudes, resolución de conflictos con toma de rehenes, secuestros extorsivos, narcóticos y lavado de dinero; Comerciales: Mediante la compra, venta, importación y exportación de materiales para usos especiales: chalecos antibalas, escudos, cascos balísticos, municiones, explosivos, cartuchos especiales, granadas de irrupción y todo otro equipo o elemento relacionado con la seguridad individual o de empresas, inclusive material de uso bélico liviano o pesado de acuerdo con las reglamentaciones vigentes".
Sus socios son Eduardo Ariel Menchi, Miguel Ángel Colella —comisario retirado—, Ricardo Alberto Escudero y el mencionado Martín Lanatta. Todo cierra.
Finalmente, a la lista de sospechosos, hay que agregar los siguientes nombres:
-Rubén Romano: denunciado por la ministra de Salud, Graciela Ocaña, como responsable de maniobras ilícitas en el gerenciamiento de obras sociales y el PAMI. Forza aseguró a este cronista que Romano quería matarlo por haberse desvinculado de la sociedad entre ambos. Ocaña admitió lo mismo.
-Marcelo Abasto: amenazaba a Forza porque este le debía dinero. Según fuentes cercanas al fallecido empresario, las presiones de Abasto eran sumamente violentas.
-Néstor Vázquez: ex superintendente de Servicios de Salud.
-Ricardo M. Rodríguez: amigo de Martín Lanatta, es dueño de una quinta donde habrían estado los tres "empresarios" antes de ser asesinados.
-Walter Maffini: vinculado a Forza y otros jóvenes "empresarios", es quien buscaba en clínicas y hospitales frascos vacíos de medicamentos para rellenarlos con agua y alcohol.
-Sr. Cabañas: es el "padrino" de casi todos los jóvenes que abrieron droguerías "truchas" en los últimos años.
Lo antedicho es parte de una trama maldita que en estas horas frena lo más alto del poder kirchnerista. La evidencia es concluyente, lo sabe el fiscal de Mercedes, Juan Bidone, también lo sabía en su momento la fiscal Ana María Yacobucci, quien se desprendió del expediente cuando descubrió que importantes funcionarios oficiales aparecían en el hecho (1).
Sólo queda el trabajo del periodismo independiente. Por ahora.
Christian Sanz
(1) Este periodista declaró en la fiscalía de Yacobucci pero no fue llamado jamás a ratificar por los fiscales de Mercedes, aún cuando se ofreció evidencia concluyente, la cual fue finalmente entregada por otros medios. Asímismo, a pesar de que se aseguró a este medio que habría inminentes detenciones en mayo de 2009, nada ocurrió y los fiscales terminaron por refrendar el parate del expediente judicial.
http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=5764
Ocaña advierte que la plata para las obras sociales "va al patrimonio de algunos sindicalistas"
La ex ministra de Salud consideró "gravísimo" que se aumente a 30% el piso mínimo por beneficiario. Y agregó que esta medida era "siempre la aspiración de Moyano".
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La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, salió hoy a advertir que la decisión del Gobierno de aumentar al 30% del mínimo garantizado que reciben las obras sociales por cada beneficiario es "grave" ya que, en ciertos casos, ese dinero "va al patrimonio particular de algunos dirigentes sindicales" y no se destina a mejorar las prestaciones. |
"Es una forma de apropiarse recursos, una forma de corrupción muy importante", alertó la ex funcionaria. Ocaña agregó que una medida como la que estaría por tomar el Gobierno "era siempre la aspiración de Hugo Moyano", porque el dinero pasa "directamente a las obras sociales", y fustigó a los gremialistas "que creen que estos fondos son propios".
"Qué bueno que sería que con este fondo se pudieran construir clínicas, se pudiera elevar la cobertura para que los trabajadores tuvieran que poner menos dinero de su bolsillo para el coseguro o la compra de medicamentos, que cubriera otras patologías que hoy no están dentro del programa médico obligatorio", expresó.
La medida es un guiño hacia el sindicalismo peronista y consiste en aumentar casi 30% a partir de diciembre el piso mínimo garantizado que reciben las obras sociales por cada beneficiario. Inicialmente, se había barajado un reajuste de 25%, pero fue reconsiderado a último momento según le confirmó a Clarín el Superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio.
Según el funcionario, la decisión se debe a que creció más que lo previsto la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia esa garantía.
Pero también pesó el hecho de que el Gobierno tiene retenidos de ese Fondo unos $ 3.000 millones que pertenecen a las obras sociales. Y con ese incremento del mínimo garantizado, y otras medidas que están en estudio, buscaría ir achicando la deuda que reclaman los sindicatos. El principal gestor ante la Casa Rosada para ir desagotando esa deuda es el jefe de la CGT, Hugo Moyano, quien se reunió en varias oportunidades con la presidenta Cristina Kirchner por este tema.
Esa garantía mensual por cada beneficiario, de acuerdo a la estructura del sistema, está a cargo del FSR que se nutre de un porcentaje de las contribuciones y aportes de los afiliados. Por eso lo que recauda este Fondo no es del Gobierno sino del sistema de obras sociales.
El piso garantizado significa que dicho Fondo le transfiere a las obras sociales la diferencia entre lo que recaudan de sus afiliados y los valores mínimos garantizados. Y en caso del PAMI transfiere por cada afiliado de la obra social de los jubilados que se atiende directamente a través de una obra social
http://www.clarin.com/diario/2009/11/16/um/m-02041962.htm
LA CÁMARA FEDERAL DENUNCIÓ PENALMENTE AL POLÉMICO ARÁOZ DE LAMADRID
El magistrado investigaba al secretario de Medios por negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
secretario de Medios, Enrique Albistur
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Embestida contra el juez que investiga a Albistur.
El magistrado investigaba al secretario de Medios por negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
La sala II de la Cámara Federal porteña denunció penalmente a un juez de su fuero. Se trata de Octavio Aráoz de Lamadrid, el magistrado que subroga el Juzgado Nº 9, que fue recientemente recusado en una causa que investigaba al secretario de Medios, Enrique Albistur, por negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. Los tres miembros de la sala cuestionaron al juez por el proceso de detención de un dealer de drogas, que aseguró haber sido golpeado durante el allanamiento en el cual lo llevaron preso. |
La historia que derivó en esta denuncia comenzó el 13 de agosto cuando un equipo del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal entró a la villa 15 para detener Miguel Ángel Alzogaray y Julio César Pérez, investigados por venta de drogas. A ambos se les secuestraron papeles y tizas con cocaína. Según consta en el expediente, Pérez intentó evitar su detención con una pistola calibre 32 que tenía cinco balas adentro. Un policía le dio un culatazo que le dejó la cara partida.
En la comisaría y frente al magistrado, Pérez dijo que lo habían apaleado durante la detención. Como Aráoz de Lamadrid no hizo la denuncia por apremio, la Cámara pidió la apertura de un expediente que ahora tiene en su despacho Sergio Torres. Los integrantes de la Sala II, Eduardo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani, también hicieron una presentación ante el Consejo de la Magistratura.
Desde el juzgado respondieron que no correspondía abrir una causa por apremios porque Pérez se defendió con un arma en la mano. “El reglamento interno de esa fuerza dispone que se puede disparar en un caso así y lo redujeron de un golpe”, explicaban ayer fuentes judiciales. A pesar de la denuncia penal, la Cámara avaló los procesamientos de Pérez y Alzogaray decididos por el juez y ahora será Torres quien decida si el juez y los policías violaron o no el Código Penal. Aráoz de Lamadrid ya sufrió otro revés de la Cámara hace poco tiempo, cuando la Sala I lo separó de la causa contra Albistur. El juez había pedido su indagatoria, pero la defensa del funcionario lo recusó alegando que había tomado la medida sólo como represalia por los malos resultados que alcanzó en el concurso para ser designado como titular en el juzgado federal.
LOS EMPLEADOS DE LA PRESIDENTE
Imputan a tres secretarios de Cristina por enriquecimiento
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El fiscal Marijuán investiga el incremento patrimonial de Héctor Muñoz, Isidro Bounine y Daniel Álvarez. Randazzo pide a la Justicia que aclare "lo antes que pueda" |
Tal como anticipó Crítica de la Argentina, tres de los cuatro secretarios privados de la presidente Cristina Kirchner fueron imputados el martes por el fiscal federal Guillermo Marijuan en la causa judicial en la que investiga el exponencial aumento de sus patrimonios personales, algo que quedó de manifiesto tras el caso de Fabián Guitiérrez y su fastuosa casa en El Calafate.
Enterado de la acusación, el ministro del Interior Florencio Randazzo sostuvo este jueves que la Justicia tiene que determinar "lo antes que pueda" si son ciertas o no las denuncias y advirtió que "hay que ser muy cuidadosos, porque se dicen cosas que después no se confirman en la realidad".
Según consigna Política y Pelotas, Marijuán, que investiga el caso que quedó en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio, imputó a Isidro Bounine, Héctor Daniel Muñoz y Daniel Álvarez y pidió varias medidas de prueba para que se determine cómo hicieron para hacer crecer su patrimonio.
La investigación judicial que comenzó con dos denuncias realizadas luego de que se publicara un artículo que señalaba el crecimiento de los bienes de quienes rodean a Cristina durante todo el día.
El fiscal le solicitó al juez que ordene una serie de diligencias para que, entre ellas, la Oficina Anticorrupción envíe las declaraciones juradas de los tres imputados; que la AFIP envíe sus declaraciones juradas de Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias; que la ANSES informe sus aportes previsionales; que el Registro de la Propiedad Automotor y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de Santa Cruz, informen propiedades y automotores a nombre de los investigados.
Bonadío y Marijuán también intervienen en el expediente judicial abierto para investigar cómo hizo su fortuna el otro secretario de Cristina, Fabián Gutiérrez.
http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=32353#D
Un consultor avaló un pago irregular y luego cobró la mayor parte del dinero
El asesor que actuó en beneficio propio
En un informe al Ministerio de Economía, Juan del Azar recomendó el desembolso de 54 millones de pesos por un litigio con compañías aseguradoras por servicios que cumplieron durante la dictadura. De esos fondos, casi 13 millones de dólares fueron a su cuenta.
Diego Genoud y Luciana Geuna
26.10.2009
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Como el caso Grecco. El escándalo de pagos irregulares en Economía estalló a principios de año y por ese motivo fue despedido Juan Cayetano Intelisano, director de Administración. |
La maniobra fue ejecutada como un mecanismo de relojería en el último mes del mandato de Néstor Kirchner. Pero algo parece haber fallado. Durante el mes de noviembre, el juez federal Sergio Torres les tomará declaración indagatoria a funcionarios, ex funcionarios y representantes de un pool de siete aseguradoras extranjeras que están involucrados en el escándalo del pago irregular de 54 millones de pesos que realizó el Ministerio de Economía en noviembre de 2007.
En la lista de los trece citados, se destacan el ex director general de Administración del ministerio, Juan Cayetano Intelisano, y la ex directora general de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink, que aún sobrevive en el gobierno nacional bajo el ala del ministro de Planificación, Julio De Vido.
Intelisano y Eggink se habían destacado en el caso Grecco, un pago de 500 millones de pesos que nunca llegó a concretarse. Junto a ellos aparecen ex funcionarios del Instituto Nacional de Reaseguros (INDER) y los intermediarios de Accolade Pool, el grupo de aseguradoras cuya cabeza visible era el croata Ivan Holjevac, dueño del Hotel Las Cumbres de Punta del Este.
Pero un personaje que parecía marginal en la maniobra adquirió una centralidad inquietante en la investigación de la ruta del dinero. Se trata de Juan del Azar, un abogado que incentivó el desembolso como asesor del Ministerio de Economía y terminó cobrando, entre diciembre de 2007 y enero de 2008, casi 12 millones y medio de dólares en trece pagos en Nueva York, Ginebra y Punta del Este.
En julio de 2003, como senior partner del estudio jurídico Del Azar y Freyre, el letrado sostuvo a traves del memorándum 215/03 que no existían “defensas posibles para oponer” y aconsejó “tomar con seriedad los terminos de la intimación” de Accolade Pool.
En julio de 2003, como senior partner del estudio jurídico Del Azar y Freyre, el letrado sostuvo a traves del memorándum 215/03 que no existían “defensas posibles para oponer” y aconsejó “tomar con seriedad los terminos de la intimación” de Accolade Pool. Su rol quedó al descubierto cuando apareció en escena el titular de la financiera uruguaya Pérez Montero Bursátil, con sede en Montevideo. En febrero pasado, Daniel Pérez Montero se presentó espontáneamente ante el juzgado de Torres para dejar en claro la actuación de su firma. Allí, reveló que su operadora había concretado la compra de títulos públicos en Buenos Aires, su posterior venta en dólares y la transferencia hacia el exterior. “Todas las actividades de intermediación financiera se cumplieron de acuerdo con las instrucciones de nuestro cliente, doctor Juan del Azar, abogado principal del estudio argentino Del Azar y Freyre”, afirmó.
El bufé tiene sede en Nueva York, París, San Pablo y Montevideo. Pérez Montero precisó además que Del Azar representaba a un pool de aseguradoras en juicio contra el Estado y agregó que fue él quien le presentó a Jorge Roberto Pallavicino, titular de una cuenta en el Banco Frances que había recibido casi 40 de los 54 millones de pesos que había pagado el Tesoro Nacional.
Los primeros nueve pagos por 11,4 millones de millones de dólares fueron realizados a fines de 2007 y se depositaron en las cuentas de Del Azar en el HSBC de Nueva York y en el Kredit Bank de Suiza. Entre el 3 de enero y el 28 de enero 2008, el asesor del Ministerio de Economía retiró además en efectivo poco más de un millón de dólares de las oficinas de Cambio Aspen en Punta del Este. El prestigioso abogado será el último en declarar, el próximo 27 de noviembre, un día después de que se presente en Tribunales el hotelero croata Holjevac.
La deuda había sido contraída entre 1977 y 1982 por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, pero el ministerio decidió pagar pese a que existían dos fallos de la Justicia en contrario. Dos años después de que el pago irregular saliera de la ventanilla de Economía, la Justicia parece estar cerca de la punta de un ovillo de dinero que nunca volvió.
El juez Torres consideró que existen motivos suficientes para llamar a indagatoria a los ex funcionarios del INDER, Silvia Macchi y Duilio López –parte del grupo de Intelisano y Eggink– y a los representantes de Accolade Pool, Carina Azcano, Natalia Ozores, Walter Bonavera, Jorge Enrique Rodríguez –que cobró 9.173.729 pesos– y Darío Morresi, que tuvo acreditados en su cuenta del HSBC Bank Argentina 5.396.311. Por último, también deberá comparecer Hernan Rodríguez Vagaria, sindicado como socio de Juan del Azar. http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=32930
SOSPECHAS SOBRE EL JEFE DE LA AFIP POR UN SUBSIDIO
La esposa de Ricardo Echegaray declaró el mismo domicilio que quienes figuran como dueños de un establecimiento en Punta Alta. A ese feed lot le otorgaron, en un tiempo récord y antes de que empezara a funcionar, subsidios por $ 259.793.
5/11/09
Por: Matías Longoni
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Imágenes del campo de engorde de ganado que pertenecería al jefe de la AFIP. (Canal Siete de Bahía Blanca)
más informacion
Echegaray salió a "desmentir" que sea dueño del feed lot, pero no aclaró las dudas
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, podría estar vinculado con un feed lot ubicado cerca de Punta Alta, la localidad donde nació. El establecimiento para engordar vacunos requirió de una gran inversión, comenzó a operar en marzo y ya tiene por cobrar 260.000 pesos en subsidios de la ONCCA, que el funcionario dirigió hasta diciembre de 2008. De comprobarse el vínculo, sería una clara violación de la ley de Etica Pública. Hay al menos dos coincidencias en domicilios que abonan la sospecha.
El Boletín Oficial del 4/11/2008 anuncia el nacimiento de "Hacienda Argentina SA". Figuran como socios fundadores Mariana Paula Guerra, una cordobesa de 39 años, y Alfredo Luis Espósito, un jubilado de 58 años, domiciliado en Capital. Ni uno ni otro tenían vinculación visible con el negocio ganadero y muchos menos parecían tener solvencia para montar un feed lot. Ante la AFIP, ambos declararon ser autónomos con ingresos inferiores a los 15.000 pesos anuales. |
Pero la AFIP no puso reparos y en diciembre de 2008 (días antes de que Echegaray dejara la ONCCA para ocupar su cargo actual) le asignó a la empresa el CUIT 30-71080854-2. Luego, "Hacienda Argentina SA" fue inscripta ante la ONCCA, donde además de la matrícula para operar como feed lot se le reconocen otras dos actividades: matarife y exportadora.
Cuando en marzo pasado comenzó a notarse un movimiento inusual en el establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 663,5 de la ruta provincial 249 (un campo curiosamente bautizado "El qué dirán"), comenzaron las versiones: un feed lot de semejante envergadura sólo podía pertenecer a alguien importante. Muchos pensaron en Echegaray, nacido en Punta Alta, una ciudad de 80.000 habitantes cercana a Bahía Blanca. El feed lot queda a escasos 10 kilómetros de esa localidad, y a 500 metros de la ruta.
El que sigue es uno de muchos testimonios que Clarín recogió de productores de la región. "Esos campos estuvieron prácticamente abandonados durante años. De golpe había personas trabajando, con inversiones demasiado grandes para la zona. El feed lot tiene un camión 0 kilómetro, perforación con bombeador, 14 corrales para hacienda y cuatro silos grandes para maíz. El balanceado lo compran en Molino Bajo Hondo y en pocos meses encerraron entre 4.000 y 5.000 cabezas. Es todo muy raro", señaló un ganadero. Otros especialistas estimaron la inversión inicial en cerca de 3 millones de pesos, más otro tanto para la compra del ganado.
La titular de "Hacienda Argentina SA", Mariana Guerra, suele ser vista por la ciudad o en la oficina local del SENASA, donde debe hacer trámites. Ante las preguntas de los curiosos, suele dar una explicación: que quedó viuda y decidió vender unos cotos de caza que poseía en Córdoba. Otros escucharon una versión diferente, sobre la supuesta venta de hoteles en Tandil.
Alguna certeza sobre quién es realmente esta mujer surge del Diario Oficial de Córdoba: el 24/11/2005 Guerra creaba allí una empresa ("Argentine Adventures") dedicada al turismo. Un tiempo después, en 2007, todavía seguía en ese negocio y viajó con una delegación de Santa Fe a una muestra en España. Al momento de crear tanto aquella sociedad como "Hacienda Argentina SA", declaró ser soltera. Y en ambos casos aseguró vivir en la localidad cordobesa de Arroyito. Nunca cambió de domicilio. En la última elección, seguía figurando en el padrón de dicha ciudad.
Alfredo Espósito, su socio formal, fue presentado por algunas fuentes como colaborador directo de Echegaray, aunque nunca tuvo cargo formal en los diversos organismos que éste presidió. Lo cierto es que este hombre figura en la ANSeS como jubilado, afiliado al PAMI y con domicilio en Palermo. Allí tuvo que votar el 28 de junio, dentro del predio de la Rural.
Con patrones sin experiencia en el negocio ganadero, quien aparece como arrendatario del campo y encargado del misterioso feed lot se llama Daniel Ciccarelli. Es vecino de Punta Alta y, de acuerdo con las fuentes, su esposa sería pariente de una hermana de Echegaray que todavía mora en la ciudad.
Aunque todas las versiones afirman que el feed lot inició su actividad en marzo (lo que coincide con su registro como "empleador"), en la ONCCA actualmente se registran tres expedientes de pago de compensaciones a su favor, que curiosamente comienzan desde febrero. Según registros del organismo, los pagos pendientes arrancan en 21.485 pesos por el engorde del segundo mes de 2009, llegan a 56.976 pesos por marzo, se saltean abril, y trepan hasta 181.332 pesos por las operaciones de mayo. En total, a "Hacienda Argentina SA" el Estado le debe 259.793 pesos. Si no cobró hasta ahora fue porque el 10 de setiembre la ONCCA paralizó todos los desembolsos, luego de que Clarín informó sobre diversas irregularidades cometidas.
En el sistema informático interno de la ONCCA también aparece la clave que vincularía a "Hacienda Argentina SA" con el titular de la AFIP. El domicilio legal que declaró la firma no coincide ni con el que figura en su acta de constitución (Talcahuano 451 5° 21) ni con el que pocos días después declaró ante la AFIP (Uruguay 766 PB 6). Ante la ONCCA, la empresa dijo tener domicilio legal en Paraguay 3343 1° 8. La línea telefónica de dicho departamento figura a nombre de Silvana Karina Oviedo. Es la esposa del funcionario.
El matrimonio no vive actualmente en ese lugar sino en un country de General Pacheco, "El talar del lago". La dirección exacta es Echeverría 1200, lote 418. Surge de la constancia de CUIT que Echegaray tramitó ante AFIP en febrero pasado. El mismo domicilio declaró su mujer en el acta de creación de una empresa de la que es socia formal, y que se dedicará al transporte de mercaderías.
"Rutas al Sol" se llama esa flamante sociedad vinculada con Silvana Oviedo. Su creación aparece en el Boletín Oficial del pasado 29 de setiembre. No queda mucho margen para la casualidad: esa firma declaró el mismo domicilio (el de Talcahuano) con el había sido inscripta "Hacienda Argentina SA" un año atrás.
http://www.clarin.com/diario/2009/11/05/um/m-02034359.htm
Preparan un paquete de 200 casos para llevar a la justicia
Lluvia de denuncias contra la ONCCA
Diputados de la oposición detectaron casos de “pedidos de coimas y compensaciones mal otorgadas” y apuntan contra Ricardo Echegaray.
Rodolfo González Arzac
15.10.2009
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El sucesor. Los casos denunciados como irregulares se produjeron durante las gestiones de Echegaray y de Juan Eyras. |
Un grupo de diputados nacionales prepara una denuncia por “asociación ilícita” contra Ricardo Echegaray y Juan Eyras, los últimos dos presidentes de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), que presentarán en diez días. La acusación está fundamentada en unas 200 denuncias de coimas y manejos irregulares que recibieron en una página web que abrieron a esos fines.
Uno de los casos “emblemáticos”, informado en marzo por este diario, es el de Frigorífico Rioplatense, que cobró 7.600.000 pesos por una compensación como “feed lot” (corral de engorde) cuando no lo es ni lo era. El revuelo que provocó el desembolso obligó a Eyras a firmar una resolución en la que asumía un supuesto “vacío legal”, que intentó enmendar sumando a los frigoríficos como posibles beneficiarios.
El diputado Christian Gribaudo anunció que en la web www.denunciaalaoncca.com, levantada por la Mesa de Consenso Agropecuario, que reúne a legisladores de 18 bloques, recibieron denuncias –no anónimas– en las que se repiten dos procedimientos. Uno es el pedido y pago de coimas en una oficina paralela de la ONCCA, el organismo que maneja los cupos de exportación y las compensaciones para el sector agropecuario, que desde hace unos días conduce Juan Manuel Campillo. “La denuncia se repite, dice que en una oficina en Piedras 519, séptimo piso, les pedían una coima de entre el 15 y el 20 por ciento sobre el monto total de la compensación que se destrababa. Según la denuncia, esa oficina estaba comandada por Marcelo Utje, que en ese entonces tenía el cargo de coordinador general de control operativo y compensaciones”, apuntó el diputado del PRO.
Los denunciantes quieren probar cómo funcionó entre 2007 y 2009 una asociación ilícita, conducida por la cúpula de la ONCCA, en la que colaboraron otros funcionarios de menor rango. En la acusación describirán también que la otra pata de la estructura de recaudación ilegal de la Oficina –que sin controles maneja un presupuesto de 3.700 millones de pesos anuales– eran las resoluciones. “Sirvieron para blanquear compensaciones mal dadas, como la que benefició al Frigorífico Rioplatense”, señaló Gribaudo.
De las denuncias que ya fueron difundidas por los medios, casi todos los desfalcos se circunscriben al área de los “feed lots”, los corrales de engorde vacuno mediante alimento balanceado. Se trata de un mecanismo al que le dio gran impulso el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con la idea de bajar el precio de la carne. Aunque es posible razonar que esa política fue funcional a los intereses sojeros, que precisaban más tierras, y las consiguieron porque las vacas dejaron de engordarse a campo abierto.
Los casos se repiten: se gira plata a nombre de empresas que no existen o que no son un feed lot. Un ejemplo, simbólico, fue la denuncia difundida por Clarín en la que la ONCCA depositó casi un millón de pesos en la cuenta de un changarín marplatense a quien un pequeño grupo de personas le había prometido mil pesos como subsidio de desempleo.
La ONCCA, además, fue central en el largo conflicto rural que estalló en marzo de 2008 y que aún da muestras de vida. Los productores enfurecieron después de cansarse de tener largos retrasos en los cobros de las compensaciones, mientras las grandes empresas siempre estaban al día.
http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=31192
23/10/09
Cadena perpetua para el general Olivera Rovere
Igual pena le fue impuesta al coronel (R) Menéndez; absolvieron a otros tres militares
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El ex subjefe del I Cuerpo de Ejército y ex jefe de la subzona Capital Federal de Ejército general retirado Jorge Olivera Rovere fue condenado ayer a prisión perpetua por el secuestro de más de un centenar de personas y la muerte de cuatro ocurridos durante la dictadura militar.
El Tribunal Oral Federal 5, integrado por Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías, también condenó a prisión perpetua al coronel retirado Bernardo Menéndez (ex jefe del Area V de la subzona Capital Federal).
En cambio, y a pesar de que el fiscal federal Félix Crous y los querellantes habían pedido penas de 25 años de prisión, fueron absueltos el general de brigada retirado Teófilo Saá y los coroneles retirados Felipe Alespeiti y Humbreto Lobaiza, ex jefes del Regimiento de Infantería 1 Patricios y del Area II de la subzona Capital Federal, entre 1975 y 1979.
Olivera Rovere y Bernardo Menéndez permanecerán en libertad hasta que se confirme la sentencia. Los fundamentos del fallo condenatorio serán leídos el 10 de diciembre próximo, en los tribunales federales de Comodoro Py.
Ex segundo del ex general Guillermo Suárez Mason, ya fallecido, que manejó una de las áreas militares más importantes en las que funcionaron centros clandestinos de detención, Olivera Rovere negó ayer ante el tribunal haber "recibido o impartido órdenes lesivas de los derechos humanos", aunque admitió que "hubo una guerra con sus horrores y errores".
En sus palabras finales antes de conocerse el veredicto, Olivera Rovere planteó que "fue el terrorismo el que inició la guerra (en la década del 70), atacando incluso a gobiernos democráticos". |
"Los subversivos no tenían como objetivo la democracia, sino imponer un gobierno dictatorial como en el imperio soviético y Cuba. El doctor Fidel Castro dijo que la cordillera de los Andes iba a ser una nueva Sierra Maestra y el doctor Ernesto Guevara quería que la Argentina fuera una segunda o tercera Vietnam", expuso Olivera Rovere ante el tribunal oral.
Al referirse a la violencia política durante la década del 70, afirmó: "Yo lo he vivido. No me lo contaron. He padecido esta guerra porque una bomba explotó a un metro y medio mío y gracias a Dios era tan ineficaz que no me hizo nada".
Entre los 116 secuestrados y desaparecidos por los que fue juzgado, se encuentra el escritor Haroldo Conti. Los cuatro homicidios por los que fue juzgado fueron los de los legisladores uruguayos refugiados en la Argentina Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y sus compatriotas Rosario Barredo y William Whitelaw.
Durante la dictadura, en la jurisdicción del I Cuerpo de Ejército y de la subzona de la Capital Federal funcionaron los centros clandestinos de detención conocidos como El Banco, El Olimpo y Automotores Orletti.
Olivera Rovere había sido detenido en marzo de 2004 cuando se reactivaron los juicios por violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, tras la anulacion de las leyes de perdón. Estuvo tres años en prisión hasta que fue excarcelado bajo fianza.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionaron al tribunal por absolver a Alespeiti, Lobaiza y Saá.
A partir del 19 del mes próximo, el mismo tribunal iniciará el juicio oral por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Serán juzgados el ex capitán Alfredo Astiz y el capitán retirado Jorge "el Tigre" Acosta.
Argumentos de la defensa
Los defensores del militar consideraron que el tribunal tomó la decisión sin tener en cuenta que "el reproche penal parte de una mera suposición y no se ajusta a lo efectivamente probado en el proceso".
En su argumentación, sostuvieron que "ni el fiscal ni las querellas probaron legal e indudablemente que el acusado fuera quien impartió las órdenes que produjeron las privaciones ilegales de la libertad, las desapariciones y los homicidios por los que fue juzgado".
A criterio de la defensa de Olivera Rovere, "se desecharon las alegaciones y pruebas de la que demostraron que los lugares de detención dependían de otros comandos, como quedó plenamente probado en otro proceso anterior".
"Para arribar a la condena, el tribunal oral rechazó la prescripción de la acción penal, la prohibición de aplicar la ley penal retroactivamente en perjuicio del imputado y la cosa juzgada", se indicó.
Además, sostuvieron que "sólo fue probado que el acusado ejerció el comando de la subzona de defensa de la Capital Federal durante el período que va entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de diciembre de ese año; y con esa base concluyeron que de él dependían los centros de detención a los cuales fueron conducidas las víctimas de aquellos hechos".
El personaje
JORGE OLIVERA ROVERE
Ex subcomandante del I cuerpo
MÁS INFORMACIÓN
http://www.elmundo.es/america/2009/10/23/argentina/1256331743.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-134032-2009-10-24.html
CORRUPCIÓN POLICIAL Y POBREZA
Denuncian a la Bonaerense por reclutar "pibes chorros"
Un juez y una organizaci ón social afirmaron que les pagan con armas o “paco” para que cometan delitos. Terminan como “perejiles” o muertos.
23/10/09
La Policía Bonaerense, en la mira por reclutar a "pibes chorros" para que comentan delitos. (Télam)
Varios expedientes penales de 2008 y 2009 y las denuncias que desde hace más de siete años presenta la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) serían el sostén de una denuncia espeluznante: hay grupos dentro de la Policía Bonaerense que “reclutan” menores de edad, la mayoría muy pobres y con problemas en la Justicia, para cometer delitos.
El juez bonaerense Luis Arias fue quien hizo pública la denuncia presentando una lista con 23 causas donde, según explicó a Críticadigital, aparecen serios indicios de este reclutamiento. Según el magistrado, aunque es muy difícil hallar pruebas en estos casos para denunciar “con nombre y apellido”, existen una serie de datos, denuncias, artículos periodísticos y demás informaciones que permiten hacer una “reconstrucción de la realidad”.
Consultado por Criticadigital sobre cuáles son los datos que se desprenden de esos archivos que examinó, explicó que hay “declaraciones de chicos o parientes directos, como los padres, donde dan cuenta de las presiones de la policía para reclutarlos”. Muchas veces, aseguró, los contactos son indirectos, por “vecinos o familiares”. El pago habitual, son armas o drogas.
El juez de La Plata, enfrentado públicamente al titular de la cartera de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, recordó el caso de Valentín Alsina, donde un policía denunció a sus compañeros de reclutar “pibes chorros” para cometer delitos, y les pagaban con 40 dosis de paco. El resultado de ese modus operandi fue la muerte de Daniel Capristo, un camionero de 45 años de Lanús. Un chico de 14 años lo mató de seis balazos.
En declaraciones a TN, Casal calificó de "imprudentes" las declaraciones del magistrado, a quien le reclamó que "pruebe lo que dice". "Un juez debe tener la prudencia de opinar de modo académico y no político. Arias tiene opinión formada pero excede el rol de juez que tiene", disparó contra Arias.
GATILLO FÁCIL Y “PEREJILES”. “La mano de obra explotada del negocio del delito es el pibe chorro, la policía no termina de investigar nunca estos casos y si un pibe se niega, es boleta”. Así resumió otra arista de esta situación Gustavo Filograsso, de la Correpi, a Críticadigital. A los que fallan, se quedan con un vuelto o se niegan a cumplir las tareas que le ordenan los policías corruptos, los espera un sólo destino: el gatillo fácil.
El más famoso de ellos –o al menos uno de los últimos- es el de Luciano Arruga, un chico de 17 años desaparecido desde el 31 de enero pasado. Vivía en una casilla muy humilde en Lomas del Mirador. En la madrugada de ese sábado Luciano fue a visitar a Oscar, un amigo del barrio. Al llegar a la puerta tocó timbre, pero cuando abrieron ya no estaba. “Hay vecinos que lo escucharon gritar ‘no quiero agarrar eso, no es mío’”, contó su hermana, Vanesa Orieta.
El “Escuadrón de la Muerte”, que operó en 2002 en la zona de Munro –para reclutar menores- y San Isidro –para cometer los delitos-, fue uno de los que disparó el lanzamiento de la Correpi. Asesinó al menos a seis chicos, aseguró Silvia Góngora, de la Correpi. “Su situación derivó en una acordada de la Corte provincial. Solicitó un informe y publicó una lista de 60 menores donde se comprobó que trabajaban para la policía y, porque no `cerraron los números´ o se negaron a trabajar, los mataron”, amplió.
Este escuadrón operaba también a través de una empresa de seguridad privada, Tres Ases, y estaba vinculado con varias comisarías de la zona. “Lo que hacían era llevarle una especie de `book´ a vecinos y comerciantes con fotos de los pibes del barrio, muchos enfermos de adicciones a drogas como el Poxirán. Cuando esos pibes no respetaban la orden de ellos de no robar (mientras los policías los mandaban a robar) aparecían fusilados. Después les mostraban las fotos a los comerciantes para mostrarles el trabajo que ellos hacían y por el cual les pagaban”, contó Góngora a Críticadigital.
La lista de casos es extensa, como el del policía René Francisco Moreno, imputado por fusilar a un pibe que se quedó con el vuelto de una venta de droga, o el de Matías Barzola, un chico cartonero de 16 años que murió presuntamente en manos del oficial Ramón "el Oso" Pelozo, que lo intimidaba haciéndose llamar el "Mataguachos" de Fiorito.
También sucede que a los “pibes chorros” se los implica en asuntos graves como homicidios para que cumplan las penas como menores de edad. Se trata de los llamados “perejiles”, como
los hermanos Aguilera que, como narró Góngora, son “unos chicos muy pobres de Virrey del Pino que trabajaban en una granja y les imputaron el asesinato de un policía”. Mediante la defensa de la Correpi lograron su absolución.
http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=31622
POR EL IRREGULAR CONTRATO CON LA DGI MENEMISTA
PIDEN UN MILLONARIO EMBARGO A IBM
23/10/09
La Oficina Anticorrupción (OA) presentó ayer un pedido al Tribunal Oral Federal Nº 4 para que ordene el embargo de los bienes de la compañía IBM en la Argentina hasta cubrir 82 millones de pesos. El organismo es querellante en esta causa y busca con la medida garantizar que el Estado recupere los activos que habría perdido en el contrato con la ex Dirección General de Impuestos, si es que el Tribunal llega a una sentencia condenatoria.
La OA ya había hecho un pedido similar en la causa Skanska, donde pidieron y consiguieron que la Justicia congelara preventivamente.
Según la OA, con los manejos irregulares de los gerentes de IBM y los funcionarios públicos, la compañía norteamericana logró una ganancia desmedida en el contrato. En la causa se investigan los abultados precios que la DGI habría abonado a la UTE, compuesta por las Empresas IBM Argentina S.A. y Banelco S.A., en los proyectos informáticos conocidos como “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones” (SIJyP), del año 1994, para la recaudación de los aportes previsionales de los aportantes a ese sistema jubilatorio y la posterior distribución de fondos entre las AFJP y el Sistema Integrado Tributario (Sitrib), del año 1995, para la recaudación fiscal del organismo.
El TOF Nº 4 es el mismo que juzgó y condenó a la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray. IBM fue protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción de la era menemista y está previsto que el próximo 25 de noviembre se inicie el juicio por el escandaloso contrato que había firmado por la informatización del Banco Nación. En este juicio habrá 15 acusados y se espera que dure no menos de seis meses. En el proceso se debatirá en torno al pago de coimas por 21 millones de pesos/dólares, las que fueron canalizadas por medio de subcontratistas. El contrato contemplaba una inversión de 249 millones para la informatización de la casa central y 525 sucursales. Los acusados fracasaron en su intento de hacer caer la causa por prescripción.
http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=32818
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EL VÍNCULO ENTRE LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS Y EL TRIPLE CRIMEN
Órdenes de compra, otra punta de la investigación |
“El juez Norberto Oyarbide encontró órdenes de compra de (Damián) Ferrón en los allanamientos que realizó”, dijo Miguel Ángel Pierri, abogado de los familiares de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez –Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina–, quienes el 13 de agosto del año pasado aparecieron asesinados.
El abogado sumó un nuevo elemento a los indicios que vinculan la investigación sobre medicamentos truchos y el asesinato de los tres jóvenes. “Los homicidios tienen que ver con un conjunto de razones, un combo, entre los medicamentos, la efedrina y las deudas financieras”, opinó Pierri, que señaló que “la actividad principal” de Forza y Ferrón eran los medicamentos y la efedrina era un “mercado incipiente”.
“Ferrón junto a su socio Luis Salerno eran proveedores de OSBA. Lo declararon la mujer y el hermano. Creemos que la expectativa de crecimiento económico del que Ferrón le hablaba a su mujer tenía que ver con venderle medicamentos oncológicos OSBA”, dijo el abogado para reforzar la vinculación con la causa de Oyarbide que tiene su centro en las actividades de La Bancaria. Agregó que los que conocieron a Forza “dicen que era un erudito en el análisis de los componentes de los medicamentos. Además presidió el Club de Acreedores del Hospital Francés. Ahí creo que está su relación con Héctor Capaccioli. Forza le vendía medicamentos a San Javier, de Néstor Lorenzo, con quien le puede haber quedado alguna deuda. Su principal actividad era la venta de medicamentos oncológicos”, aseguró Pierri. En los autos que le secuestró a Forza en Pilar, la fiscal Ana María Yacobucci, que investigó inicialmente el triple crimen, se encontraron “medicamentos oncológicos, hemofílicos y de VIH, por cientos de miles de pesos”.
El expediente por el triple homicidio se tramita en la fiscalía de Mercedes a cargo de Juan Ignacio Bidone. “Los mismos personajes que se repiten en la efedrina están en los medicamentos”, afirma Pierri.
http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=30728
17/09/09
FUNCIONARIOS DESPLAZADOS POR OCAÑA VUELVEN A LA SUPERINTENDENCIA
El regreso de los gerentes cuestionados
En medio del escándalo que generó la compra de medicamentos truchos por parte de las obras sociales, el organismo que las controla recontrata a ex funcionarios de la gestión de Héctor Capaccioli. Falta la firma para su nombramiento, pero ya ocupan despachos.
Por Luciana Geuna
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A flote. El ministro Jorge Manzur con el gobernador Jorge Capitanich, mientras avala el regreso de los hombres de Capaccioli. |
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo esencial para las finanzas de las obras sociales, también es parte fundamental en la causa por la mafia de los medicamentos que está revisando si incumplió el rol de contralor. Su misión de fiscalizar a las obras sociales ya había sido cuestionada por Graciela Ocaña cuando era ministra de Salud. Ahí dentro funcionaba una estructura de gerentes muy bien relacionada con el sindicalismo que la ex funcionaria intentó desarticular cuando asumió su cargo. Con la asunción de Jorge Manzur en Salud, la vieja estructura gerencial parece estar de vuelta.
Detrás de ese armado, fuentes oficiales señalan a Néstor Vázquez, un neurólogo de relación directa con José Luis Lingeri, quien ideó en los 90 la Administración Nacional de Seguros de la Salud (Anssal) que después se convirtió en la SSS.
La salida más ruidosa que había impulsado Ocaña fue la de Héctor Capaccioli, el superintendente y recaudador de campañas durante la gestión K que quedó muy mal posicionado después del llamado “triple crimen”, cuando se supo que muchos de los aportantes eran droguerías de sospechosa legalidad que habían llegado a través de él a donar plata para Cristina Kirchner.
A pesar del escándalo que está desnudando la trama de connivencia entre el Estado, las obras sociales y algunas droguerías, como es el caso de San Javier, cuyo titular, Néstor Lorenzo, es el principal imputado en la causa por la provisión de medicamentos truchos a La Bancaria, Manzur ascendió a titular de la Superintendencia al desplazado Ricardo Bellagio, un hombre de excelentes vínculos con la CGT que difícilmente podía desconocer esa situación: trabaja hace más de quince años en el edificio de Diagonal Norte 530. Además, durante el mandato de Capaccioli, tuvo bajo su mando simultáneamente las gerencias de administración y de control financiero. En este último puesto le tocaba, precisamente, hacer las auditorías contables y recibir los balances de las obras sociales. Mientras ocupó ese cargo, se acumularon los 45 millones de pesos en cheques rebotados de La Bancaria sin que la SSS hiciera demasiadas objeciones.
Con Bellagio reaparecieron otros nombres que fueron designados por Manzur pero no tienen todavía la firma de la presidenta Cristina Kirchner. Uno es Jorge Pedro Bustos, ex mano derecha de Capaccioli que ahora ocupa la poderosa oficina de gerente general del organismo y que tampoco podría negar su buena relación con Juan José Zanola. De ese grupo, también volvió Jorge Quintana, en la SSS desde el menemismo. El ministro de Salud ya lo habilitó para retomar su puesto de gerente de informática, un sillón que parecería poco trascendente si no fuera porque desde ahí se maneja el padrón de afiliados a las Obras Sociales. Es decir, de los pacientes que figuren en esa lista, dependen los millones de pesos en medicamentos que asigna el Estado para los sindicatos. Otro hombre fundamental es el abogado Oscar Cochlar, que atiende el teléfono desde un despacho pegado al de Bellagio y se describe como asesor personal. En esa misma estructura estaba Alejandra Ongaro, jefa de Ceremonial de Capaccioli, quien estaba dentro del Policlínico Bancario cuando llegó la Policía Federal a allanarlo. Ongaro figura también como empleada de San Javier.
Las obras sociales deben informar
Las obras sociales deberán informar antes del fin de semana si desde 2006 tuvieron alguna relación comercial con las droguerías del empresario Néstor Lorenzo. La Superintendencia de Servicios de Salud envió ayer una circular a más de 300 organizaciones sindicales del rubro. Al mismo tiempo, la Administración de Programas Especiales deberá comunicarle al superintendente, Ricardo Bellagio, los subsidios o reintegros que haya pagado a obras sociales por compras a esas droguerías. Bellagio informó que se trata de “un cerrojo” para precisar los vínculos entre obras sociales y empresas de Lorenzo.
http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=30894
14/09/09
EL VÍNCULO ENTRE LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS Y EL TRIPLE CRIMEN
Órdenes de compra, otra punta de la investigación
“El juez Norberto Oyarbide encontró órdenes de compra de (Damián) Ferrón en los allanamientos que realizó”, dijo Miguel Ángel Pierri, abogado de los familiares de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez –Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina–, quienes el 13 de agosto del año pasado aparecieron asesinados.
El abogado sumó un nuevo elemento a los indicios que vinculan la investigación sobre medicamentos truchos y el asesinato de los tres jóvenes. “Los homicidios tienen que ver con un conjunto de razones, un combo, entre los medicamentos, la efedrina y las deudas financieras”, opinó Pierri, que señaló que “la actividad principal” de Forza y Ferrón eran los medicamentos y la efedrina era un “mercado incipiente”.
“Ferrón junto a su socio Luis Salerno eran proveedores de OSBA. Lo declararon la mujer y el hermano. Creemos que la expectativa de crecimiento económico del que Ferrón le hablaba a su mujer tenía que ver con venderle medicamentos oncológicos OSBA”, dijo el abogado para reforzar la vinculación con la causa de Oyarbide que tiene su centro en las actividades de La Bancaria. Agregó que los que conocieron a Forza “dicen que era un erudito en el análisis de los componentes de los medicamentos. Además presidió el Club de Acreedores del Hospital Francés. Ahí creo que está su relación con Héctor Capaccioli. Forza le vendía medicamentos a San Javier, de Néstor Lorenzo, con quien le puede haber quedado alguna deuda. Su principal actividad era la venta de medicamentos oncológicos”, aseguró Pierri. En los autos que le secuestró a Forza en Pilar, la fiscal Ana María Yacobucci, que investigó inicialmente el triple crimen, se encontraron “medicamentos oncológicos, hemofílicos y de VIH, por cientos de miles de pesos”.
El expediente por el triple homicidio se tramita en la fiscalía de Mercedes a cargo de Juan Ignacio Bidone. “Los mismos personajes que se repiten en la efedrina están en los medicamentos”, afirma Pierri.
http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=30728
16/09/09
"No tengo nada que ocultar", dijo el principal imputado en la investigación por los medicamentos falsos"
Tras declarar como testigo en la causa por el triple crimen, Lorenzo ratificó que conocía a Forza, pero que "no había ninguna deuda con él"; ante la Anmat había afirmado que el joven asesinado le había vendido remedios adulterados
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El empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier y principal imputado en la denominada "mafia de los medicamentos", admitió hoy haber conocido al asesinado en el triple crimen de General Rodríguez Sebastían Forza, pero aseguró que "no había ninguna deuda con él".
"No tengo nada que ocultar", dijo al hablar con los periodistas a la salida de la fiscalía de Mercedes y sobre el contenido de su testimonio confió que ratificó lo que había dicho ante la Justicia un año atrás.
En ese contexto, señaló que "a Forza lo conocía del mercado" de los medicamentos y que "no había ninguna deuda con él", consignó la agencia DyN. |
El mayorista farmac éutico declaró como testigo durante tres horas en la Fiscalía de Mercedes en relación al triple crimen de los comerciantes del sector Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
El fiscal de instrucción de Mercedes Juan Bidone quiso volver a escuchar a Lorenzo luego que se conocieran sus estrechos vínculos con la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA).
La investigación. El nombre de Lorenzo en la investigación por el triple homicidio apareció en las primeras páginas del expediente, cuando se mencionó la cadena de proveedores y acreedores de Forza. Según había indicado el propio Lorenzo a la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología (Anmat), había comprado a Forza la partida de medicamentos para los tratamientos de pacientes con hemofilia que habían sido falsificados y que ingirieron pacientes de la Obra Social Bancaria.
Forza, al igual que Lorenzo, Martín López Magallanes (ex socio del empresario asesinado) y Luis Marcelo Tarzia, formaba parte del rubro de los "bolseros de medicamentos" o "drogueros", tal como se conoce a los dueños de las pequeñas droguerías que hicieron eclosión después de 2002.
Tarzia murió en la cárcel en la que estaba detenido luego de que el juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionatto Márquez, lo acusó de ser el gerente local de un grupo de narcotraficantes mexicanos que instaló un laboratorio de metanfetaminas en una quinta de Ingeniero Maschwitz.
Por su parte, López Magallanes fue investigado por el fiscal Diego Grau debido a su presunta relación con los autores materiales de los asesinatos de dos narcotraficantes colombianos en el estacionamiento de un shopping de Martínez.
La semana pasada, Bidone tomó la decisión de citar a declarar a Lorenzo aunque su nombre había surgido hacía meses ya que estaría vinculado comercialmente, a través de su droguería San Javier, con otros empresarios mencionados en el expediente a quienes en la jerga de ese ambiente se denomina "drogueros".
Los asesinatos. Forza, Ferrón y Bina desaparecieron el 7 de agosto de 2008, cuando, aparentemente, fueron a una reunión de negocios y luego los llevaron engañados para la zona de General Rodríguez.
Horas después, los vehículos de Ferrón y Forza fueron hallados abandonados en Capital Federal, en tanto que el 13 de agosto los tres cadáveres aparecieron baleados en un zanjón, cerca de la ruta 5, a la altura de General Rodríguez.
Por el triple crimen aún no hay imputados, y respecto del móvil, las pistas apuntan a la actividad comercial de las víctimas que se dedicaban al rubro de los medicamentos y droguerías, así también a la presunta provisión de efedrina a narcotraficantes.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1175247
NÉSTOR LORENZO DECLARA COMO TESTIGO POR EL TRIPLE CRIMEN DE GENERAL RODRIGUEZ
El empresario imputado por la mafia de los medicamentos había afirmado ante la Anmat que Ferrón le había vendido tratamientos falsos; ya está en Tribunales
El empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier e imputado en el caso de la denominada "mafia de los medicamentos", ya está en los tribunales de Mercedes para declarar como testigo en la causa en la que se investiga el triple crimen de General Rodríguez.
Lorenzo fue citado por el fiscal de investigaciones complejas de Mercedes, Juan Bidone, a cargo de la investigación de los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
El nombre de Lorenzo en la investigación por el triple homicidio apareció en las primeras páginas del expediente, cuando se mencionó la cadena de proveedores y acreedores de Forza. Según había indicado el propio Lorenzo a la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología (Anmat), había comprado a Forza la partida de medicamentos para los tratamientos falsificados para pacientes con hemofilia a Forza.
Forza, al igual que Lorenzo, Martín López Magallanes (ex socio del empresario asesinado) y Luis Marcelo Tarzia, formaba parte del rubro de los "bolseros de medicamentos" o "drogueros", tal como se conoce a los dueños de las pequeñas droguerías que hicieron eclosión después de 2002.
Tarzia murió en la cárcel en la que estaba detenido luego de que el juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionatto Márquez, lo acusó de ser el gerente local de un grupo de narcotraficantes mexicanos que instaló un laboratorio de metanfetaminas en una quinta de Ingeniero Maschwitz.
Por su parte, López Magallanes fue investigado por el fiscal Diego Grau debido a su presunta relación con los autores materiales de los asesinatos de dos narcotraficantes colombianos en el estacionamiento de un shopping de Martínez.
La semana pasada, Bidone tomó la decisión de citar a declarar a Lorenzo aunque su nombre había surgido hacía meses ya que estaría vinculado comercialmente, a través de su droguería San Javier, con otros empresarios mencionados en el expediente a quienes en la jerga de ese ambiente se denomina "drogueros".
Los asesinatos. Forza, Ferrón y Bina desaparecieron el 7 de agosto de 2008, cuando, aparentemente, fueron a una reunión de negocios y luego los llevaron engañados para la zona de General Rodríguez.
Horas después, los vehículos de Ferrón y Forza fueron hallados abandonados en Capital Federal, en tanto que el 13 de agosto los tres cadáveres aparecieron baleados en un zanjón, cerca de la ruta 5, a la altura de General Rodríguez.
Por el triple crimen aún no hay imputados, y respecto del móvil, las pistas apuntan a la actividad comercial de las víctimas que se dedicaban al rubro de los medicamentos y droguerías, así también a la presunta provisión de efedrina a narcotraficantes.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1175247
EL EX JEFE DE LA POLICÍA Y EL SEGUNDO DE BUSSI EN CELDAS VIP
Persisten los privilegios en Tucumán
Una denuncia anónima por e-mail asegura que los represores condenados habitualmente abandonan sus lugares de detención
Aunque hace ya un año la ministra de Defensa, Nilda Garré, estableció que ningún represor esté detenido en una unidad militar, aún existen jueces que incumplen la orden. Esta vez, los beneficiados son el ex jefe de la policía tucumana, Albino Zimmerman, y el segundo de Antonio Bussi en la Quinta Brigada de Infantería, Alberto Cattáneo. Las instalaciones que se transformaron en celdas vip son las del ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde funcionó uno de los tantos centros clandestinos de Tucumán.
La noticia llegó sin querer el 5 de agosto pasado, cuando Garré recibió en su casilla de correo un e-mail titulado “Se escapan los represores detenidos en Tucumán”. El texto denunciaba que el general Cattáneo y el coronel Zimmerman se habían escapado del arsenal para ir a una reunión con Bussi en su casa del country de Yerba Buena, donde cumple su detención domiciliaria. “Las guardias están compradas, les pagan para no registrar. Nadie dice nada”, terminaba el e-mail firmado por un tal Daniel Díaz.
Si bien aún no se pudieron comprobar las salidas de los ex militares, lo que quedó al descubierto –y ya fue confirmado por el juez federal Daniel Bejas– es que Cattáneo y Zimmerman están presos en un sitio prohibido por las leyes de Seguridad Interior y de Defensa Nacional. Y que, desde hace un año, el magistrado ignora los reiterados pedidos de los fiscales de la causa para que los represores sean trasladados al penal de Villa Urquiza. El argumento del juez es que ambos fueron beneficiados por la prisión domiciliaria pero que nunca fijaron una dirección en Tucumán donde poder instalarse.
http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=28912
10.- Un niño habría muerto de frío en Concordia
La policía trata de establecer si un niño murió como consecuencia de las bajas temperaturas de la madrugada.
Se trataría de una familia compuesta por siete niños y sus padres que viven en condiciones muy precarias, donde el viento y el frío penetra por las tablas que tienen como paredes. Uno de los siete chicos habría llegado sin vida al Hospital Masvernat, mientras la policía continúa investigando para determinar el motivo del fallecimiento.
Hasta aca la noticia.
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Muy pocas líneas en un diario local dando a conocer lo que debería ser motivo de vergüenza y de bochorno de autoridades actuales y anteriores.
Concordia: ciudad del este de la provincia de Entre Ríos, de unos 180.000 habitantes. Entre esos habitantes se encuentra: Jorge Pedro Busti: gobernador anterior y actual diputado provincial; Sergio Daniel Urribarri: actual gobernador; Angel Giano: actual Ministro de Salud de la provincia; Gustavo Bordet: ex Ministro de Salud de la gestión de Busti y actual intendente de Concordia; Cristina Cremer de Busti: esposa de Busti y Diputada Nacional.
Muchos políticos que se ocupan poco de su pueblo, pueblo que no pregunta porque se mueren los niños de frío en Concordia. Pero igual tendrán que dar explicaciones, tanto los políticos que no se ocupan como el pueblo que no se sensibiliza y se la tendrán que dar a Aquel que recibe a los niños en su regazo.
La redacción
UNA VÍCTIMA DE LA CORRUPCIÓN
Carta del Dr.. René Favaloro/ julio 29-2000 - 14,30 horas)
Si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic , está claro que mi regreso a la Argentina (después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular) se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces.. Volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica. La primera etapa en el Sanatorio Guemes, demostró que inmediatamente organizamos la residencia en cardiología y cirugía cardiovascular, además de cursos de post grado a todos los niveles.
Le dimos importancia también a la investigación clínica en donde participaron la mayoría de los miembros de nuestro grupo.
En lo asistencial exigimos de entrada un número de camas para los indigentes. Así, cientos de pacientes fueron operados sin cargo alguno. La mayoría de nuestros pacientes provenían de las obras sociales. El sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel entonces.
La relación con el sanatorio fue muy clara: los honorarios, provinieran de donde provinieran, eran de nosotros; la internación, del sanatorio (sin duda la mayor tajada).
Nosotros con los honorarios pagamos las residencias y las secretarias y nuestras entradas se distribuían entre los médicos proporcionalmente. =0 A
Nunca permití que se tocara un solo peso de los que no nos correspondía.
A pesar de que los directores aseguraban que no había retornos, yo conocía que sí los había. De vez en cuando, a pedido de su director, saludaba a los sindicalistas de turno, que agradecían nuestro trabajo.
Este era nuestro único contacto.
A mediados de la década del 70, comenzamos a organizar la Fundación. Primero con la ayuda de la Sedra, creamos el departamento de investigación básica que tanta satisfacción nos ha dado y luego la construcción del Instituto de Cardiología y cirugía cardiovascular.
Cuando entró en funciones, redacté los 10 mandamientos que debían sostenerse a rajatabla, basados en el lineamiento ético que siempre me ha acompañado.
La calidad de nuestro trabajo, basado en la tecnología incorporada más la tarea de los profesionales seleccionados hizo que no nos faltara trabajo, pero debimos luchar continuamente con la corrupción imperante en la medicina (parte de la tremenda corrupción que ha contaminado a nuestro país en todos los niveles sin límites de ninguna naturaleza)... Nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos, como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. Así, obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan sus pacientes al Instituto.
¡Lo que tendría que narrar de las innumerables entrevistas co n los sindicalistas de turno!
Manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica.
Lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo pueden certificar los médicos de mi país que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país.
Valga un solo ejemplo: el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, (creo desde el año 94 o 95) de 1.900.000 pesos; la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían (como es lógico no a mí directamente).
Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema (que se ha ido incrementando en estos últimos años) deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda.
El que quiera negar que todo esto es cierto que acepte que rija en la Argentina, el principio fundamental de la libre elección del médico, que terminaría con los acomodados de turno.
Los mismo ocurre con los pacientes privados (incluyendo los de la medicina prepaga) el médico que envía a estos pacientes por el famoso ana-ana , sabe, espera, recibir una jugosa participación del cirujano.
Hace muchísimos años debo escuchar aquello de que Favaloro no opera más! ¿De dónde proviene este infundio?. Muy simple: el pacientes es estudiado. Conclusión, su cardiólogo le dice que debe ser operado. El paciente acepta y expresa sus deseos de que yo lo opere. 'Pero cómo, usted no sabe que Favaloro no opera hace tiempo?'. 'Yo le voy a recomendar un cirujano de real valor, no se preocupe'.. El cirujano 'de real valor' además de su capacidad profesional retornará al cardiólogo mandante un 50% de los honorarios!
Varios de esos pacientes han venido a mi consulta no obstante las 'indicaciones' de su cardiólogo. '¿Doctor, usted sigue operando?' y una vez más debo explicar que sí, que lo sigo haciendo con el mismo entusiasmo y responsabilidad de siempre.
Muchos de estos cardiólogos, son de prestigio nacional e internacional.
Concurren a los Congresos del American College o de la American Heart y entonces sí, allí me brindan toda clase de felicitaciones y abrazos cada vez que debo exponer alguna 'lecture' de significación. Así ocurrió cuando la de Paul D. White lecture en Dallas, decenas de cardiólogos argentinos me abrazaron, algunos con lágrimas en los ojos. Pero aquí, vuelven a insertarse en el 'sistema' y el dinero es lo que más les interesa.
La corrupción ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de prestigio como el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, con excelentes profesionales médicos, envían empleados bien entrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios. Allí les explican en detalles los mecanismos del retorno y los porcentajes que recibirán no solamente por la cirugía, los métodos de diagnóstico no invasivo (Holter eco, camara y etc., etc.) los cateterismos, las angioplastias, etc. etc., están incluidos.
No es la única institución. Médicos de la Fundación me han mostrado las hojas que les dejan con todo muy bien explicado. Llegado el caso, una vez el paciente operado, el mismo personal entrenado, visitará nuevamente al cardiólogo, explicará en detalle 'la operación económica' y entregará el sobre correspondiente!.
La situación actual de la Fundación es desesperante, millones de pesos a cobrar de tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir 'no hay camas disponibles'.
Nuestro juramento médico lo impide.
Estos pacientes demandan un alto costo raramente reconocido por las obras sociales. A ello se agregan deudas por todos lados, las que corresponden a la construcción y equipamiento del ICYCC, los proveedores, la DGI, los bancos, los médicos con atrasos de varios meses. Todos nuestros proyectos tambalean y cada vez más todo se complica.
En Estados Unidos, las grandes instituciones médicas, pueden realizar su tarea asistencial, la docencia y la investigación por las donaciones que reciben.
Las cinco facultades médicas más trascendentes reciben más de 100 millones de dólares cada una! Aquí, ni soñando.
Realicé gestiones en el BID que nos ayudó en la etapa inicial y luego publicitó en varias de sus publicaciones a nuestro instituto como uno de sus logros!. Envié cuatro cartas a Enrique Iglesias, solicitando ayuda (¡tiran tanto dinero por la borda en esta Latinoamérica!) todavía estoy esperando alguna respuesta. Maneja miles de millones de dólares, pero para una institución que ha entrenado centenares de médicos desparramados por nuestro país y toda Latinoamérica, no hay respuesta.
¿Cómo se mide el valor social de nuestra tarea docente?
Es indudable que ser honesto, en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar.
La mayoría del tiempo me siento solo. En aquella carta de renuncia a la C. Clinic , le decía al Dr.. Effen que sabía de antemano que iba a tener que luchar y le recordaba que Don Quijote era español!
Sin duda la lucha ha sido muy desigual.
El proyecto de la Fundación tambalea y empieza a resquebrajarse.
Hemos tenido varias reuniones, mis colaboradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha desde nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata, me aconsejan que para salvar a la Fundación debemos incorporarnos al 'sistema'.
Sí al retorno, sí al ana-ana.
'Pondremos gente a organizar todo'. Hay 'especialistas' que saben como hacerlo. 'Debés dar un paso al costado. Aclararemos que vos no sabés nada, que no estás enterado'. 'Debés comprenderlo si querés salvar a la Fundación'.
¡Quién va a creer que yo no estoy enterado!
En este momento y a esta edad terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer.
Joaquín V. González, escribió la lección de optimismo que se nos entregaba al recibirnos: 'a mí no me ha derrotado nadie'. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios al nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. El año pasado debí participar en varios países desde Suecia a la India escuchando siempre lo mismo.
'¡La leyenda, la leyenda!'
Quizá el pecado capital que he cometido, aquí en mi país, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario se castiga.
Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz.
Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento como decía Don Ata.
No puedo cambiar.
No ha sido una decisión fácil pero sí meditada.
No se hable de debilidad o valentía.
El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable, con ella me voy de la mano.
Sólo espero no se haga de este acto una comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad.
Estoy tranquilo.. Alguna vez en un acto académico en USA se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo, es cierto. Espero que me recuerden así.
En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta.
En la Fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos, pocos, han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara.
A mi familia en particular a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen, tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco.
Una vez más reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa.
Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles.
Un abrazo a todos.
René Favaloro
22/06/2009
Julio Piumato, el hombre de amianto: Comodin del kirchnerismo en la Capital Federal. Por Christian Sanz |
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Hace pocos días, fui parte de un interesante debate televisivo con el candidato a diputado por el kirchnerismo, Julio Piumato -a la sazón secretario General del gremio judicial- y otros referentes políticos. Mi participación tenía que ver con el interés de la producción de ese programa en mostrar la opinión de un periodista independiente en medio de diversas corrientes de opinión ideológica.
Realmente no esperaba encontrarme con propuestas concretas por parte de ninguno de los invitados -justamente es de lo que adoleció esta campaña legislativa-, pero sí con un mínimo respeto a la hora de hablar. Hubo ciertamente alguna cortesía por parte de los primeros expositores, pero, cuando le llegó la hora de hablar a Piumato, esta trastocó en vulgaridad y acusaciones infundadas hacia los otros candidatos. Recordó el menemismo, la Alianza, el duhaldismo y dijo que la oposición gravitaba sólo entre esos tres modelos, olvidando que el kirchnerismo sentó sus reales en la estructura que Eduardo Duhalde había construido antes del año 2003.
Luego, de la nada, Piumato aconsejó a Francisco De Narváez -que no se encontraba en el estudio de televisión- que aclarara su situación en relación al expediente de "la ruta de la efedrina". |
La exasperación en los gestos del sindicalista y su vulgar discurso, me dejaron pasmado, casi sin poder articular una palabra. Fue cuando la conductora del programa, Clara Mariño, me pidió que opinara al respecto: "habiendo sido el periodista que anticipó lo que ocurriría a De Narváez con la efedrina, ¿qué opinás de lo que dice Piumato?".
En otra situación hubiera contado con una docena de respuestas, pero en este caso estaba paralizado por la mala educación del sindicalista.
"Yo creo que el kirchnerismo es el que tendría que explicar sus lazos con el narcotráfico, ya que muchos de sus funcionarios están relacionados con este tema. Por otro lado, no hay que olvidar que la campaña de Cristina Kirchner fue financiada por dineros del tráfico de estupefacientes", dije casi sin pensar.
"Pero, ¿quién te manda a vos? ¿De dónde sacás que el narcotráfico pagó la campaña de la Presidenta?", preguntó Piumato desencajado por completo.
"Primero que nada, a mí no me manda nadie, yo me mando solo", aclaré al ofuscado sindicalista; "segundo, le recuerdo que fui la única persona que pudo entrevistar a Sebastián Forza, uno de los asesinados en Gral. Rodríguez en agosto de 2008 y me confesó que en la campaña de Cristina se había lavado dinero de la droga. Eso está grabado y entregado a la Justicia".
Sin posibilidad de poder refutar mi testimonio, Piumato dirigió su mirada a la conductora del programa y le espetó: "este pibe está loco". A su vez, Clara Mariño viró su mirada hacia mi persona y me preguntó quiénes eran los funcionarios del kirchnerismo involucrados en temas de narcotráfico. Piumato se echó para atrás, como atajándose de un golpe inevitable y esperó ansioso mi respuesta.Sin dudarlo, contando con los dedos de mi mano, aseguré: "Hay varios y los vengo denunciando hace años sin que nadie se haga cargo: Ricardo Jaime, secretario de Transportes, con más de 10 causas judiciales por ese tema; Rudy Ulloa Igor, secretario personal de Néstor Kirchner; Ricardo Echegaray, titular de la AFIP.....".
Mis palabras fueron interrumpidas por Piumato, quien intentaba de toda manera de que no siguiera dando nombres y apellidos concretos. Al mismo tiempo, intentaba atacarme con algún dato que me comprometiera y no podía. "Sos un mercenario", fue la única acusación que salió de la boca del sindicalista.
"No, sólo soy un periodista independiente que dice la verdad: este gobierno no es más que una banda de delincuentes. Quiero ver dónde va a estar usted el día que los Kirchner y sus funcionarios tengan que recorrer los tribunales", dije, dando por finalizada mi alocución.
Pocos días más tarde, tuve la mala suerte de cruzarme con Piumato en otro programa de televisión. Allí, el sindicalista me acusó de tener "animosidad" contra él. "Me niego a discutir con este periodista. Me pega a mí porque no sabe cómo atacar a (Carlos) Heller", dijo el sindicalista.
Mi respuesta no se hizo esperar: "Yo no tengo ninguna animosidad con usted, Piumato, no diga idioteces. Respecto a Heller aún tiene que explicar por qué recibió oportunamente cheques de Sebastián Forza y cuál su relación con Hugo Luppo, de la comisión directiva del Banco Credicoop y preso con parte de su familia por la causa efedrina".
Piumato me ignoró e insistió en no debatir conmigo. Fue la prueba más cabal de su falta de argumentos.
Horas más tarde, cuando llegué a mi casa, recibí un correo electrónico que me gratificó y sorprendió al mismo tiempo: "Soy trabajador judicial desde hace unos 15 años, y asiduo lector de sus notas en Tribuna de Periodistas.
Por casualidad me crucé en un programa televisivo con un breve segmento de una discusión suya con el Sr. Julio Juan Piumato. Por la presente sólo quería decirle que los trabajadores judiciales sabemos quién es Piumato. Un tipo que ni se anima a entrar a Tribunales, por el odio que le tenemos los que él dice representar. Un tipo que utiliza en sindicato judicial para su beneficio personal, expulsando opositores, realizando escandalosos fraudes, robando, no presentando balances -ni siquiera los dibuja, simplemente no los hace-, todo esto avalado por el Ministerio de Trabajo que cajonea las denuncias en su contra gracias a los inestimables oficios de Héctor Recalde con Tomada.
En fin, le decía que Piumato es un delincuente que ni puede justificar su patrimonio ni puede conducir a los judiciales, al respecto, vale decir que de 24.000 judiciales, su gremio tiene... 3.000 afiliados.
Durante años fui militante de su sindicato, del que me fui asqueado por sus corruptelas. No es que me rajó, o que perdí una interna: me fui asqueado. Hasta me ofreció un cargo para que me quede, pero yo tengo miles de defectos salvo el de ladrón. Puedo equivocarme, pero no robarle a mis compañeros. Eso no lo tolero".
Luego de leer la elocuente misiva, recordé cómo Piumato, oportuna y antidemocráticamente, decidió expulsar de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación a dos de los entonces principales dirigentes de la oposición, Claudio y Norberto Tolosa, miembros de la agrupación Movimiento de Trabajadores Judiciales (MTJ).
Ese es Julio Piumato, una de las cartas que el kirchnerismo ostenta en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones del 28 de junio próximo. Un impresentable, capaz de hacer cualquier cosa para defender al Gobierno de turno.
Pero, sobre todo, un verdadero hombre de amianto.
Christian Sanz
http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=5426
En Esquel / Dos muertes en un operativo en Corcovado
Denunciaron a la policía de Chubut por abuso y maltrato
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El defensor público Omar López sostuvo que se instaló un "estado de sitio de hecho" |
Por Ana Tronfi
Para LA NACION
ESQUEL, Chubut.- El defensor público de esta ciudad, Omar Osvaldo López, acusó de maltrato y de haber instalado "un estado de sitio de hecho" al Grupo de Operaciones Policiales de Chubut (GEOP) durante un operativo de captura de un prófugo en la localidad cordillerana de Corcovado.
Según el defensor, el GEOP , que es la policía de elite de la provincia, instaló "terror de Estado con su accionar", en un hecho que terminó con un tiroteo en el que murió un policía y uno de los hermanos de Cristian Bustos, el joven al que intentaba recapturar la policía y que había escapado de la Alcaidía local. Otro integrante de la familia Bustos quedó cuadripléjico consecuencia de las heridas provocadas durante el tiroteo.
"La comunidad de Corcovado vivió un estado de absoluta violencia, lo que podríamos decir una especie de estado de sitio de hecho, una inusitada violencia producida por el personal que debe brindar seguridad. Esto es el personal policial que realizó los allanamientos y especialmente la fuerza GEOP", sostuvo en su alegato López, durante la audiencia pública en la que solicitó que a su defendido, Daniel Bustos -hermano del prófugo y partícipe del tiroteo en el que murió el policía-, se le dictara la prisión domiciliaria por entender que no existían elementos para imputarlo por el homicidio del policía.
El alegato, reconstruido por el sitio Infochubut.com de esta provincia, provocó que la jueza Anabella Rodríguez dispusiera la prisión domiciliaria para Bustos.
El trágico episodio generó fuertes críticas por parte del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y tensó nuevamente la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
La jueza tuvo que dar marcha atrás con la medida. Según los testimonios que llegaron a los fiscales de la causa iniciada tras el tiroteo en Corcovado, en medio del operativo de captura de Cristian Bustos, los agentes policiales habrían golpeado a mujeres, amenazado con armas a niños y hasta abusado de un menor.
"Son testimonios espeluznantes", expresó el defensor López durante el alegato de defensa de uno de los hermanos de Bustos.
El defensor público de Esquel agregó: "No estoy exagerando. Escuchar a personas decir que el modus operandi era ir a una casa, llegar encapuchados en camionetas, romper las puertas a patadas y a toda persona que se encontrara en su camino, golpearla de la manera más brutal que se recuerde, al mejor estilo de la época del triste proceso militar ocurrido en la Argentina".
López describió que, después, "rompieron todo lo que encontraran, lo que creyeran, obviamente sin mostrar orden de allanamiento y sin decir las razones ni lo que buscaban. Después, llegaba algún integrante de la policía para decir que estaban haciendo un allanamiento".
Pero lo peor de la situación vivida fue cuando afirmó: "Hubo menores de 2, 5 y 12 años a los que la policía les llegó a poner un arma en la cabeza".
No se podía salir de noche
Para el defensor López, la policía instaló un "estado de sitio" como en la época militar. Según reconstruye el sitio infochubut.com , "se enteró, por ejemplo, que de noche no se podía salir por expresa imposición y esto se transmitía en la radio del pueblo".
Por último, López dijo: "Esta situación de terror en la cual las personas no quieren declarar, en la cual las personas no quieren si quiera acercarse a alguien que pregunta, esto fue provocado por el Estado, que generó un estado de terror".
Quién es el sospechoso buscado
- Cristian Bustos, el sospechoso cuya captura provocó el escándalo en Corcovado, tiene 27 años y al cierre de esta edición permanecía prófugo. Hace dos años, había sido condenado a prisión perpetua por la presunta responsabilidad en la muerte de su hijo de 9 meses. Cumplía una condena en la Alcaidía de Corcovado. Sin embargo, hace dos años logró evadir los controles policiales y desde entonces se realizaban operativos para capturarlo. El operativo policial para su detención provocó la polémica en la zona cordillerana de Chubut.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1128311&pid
=6445846&toi=6279
OTROS MEDIOS
http://ar.news.yahoo.com/s/14052009/59/n-argentina-1128311-denunciaron-policia-chubut-abuso.html
http://www.notife.com/noticia/articulo/969638/El_Gobierno_investigara_abusos_en_Chubut.html
RENUNCIÓ EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN
La última denuncia de Garrido
Una resolución del procurador Esteban Righi había limitado su intervención en causas contra funcionarios. "No hay decisión de luchar contra la corrupción".
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Garrido. Se fue luego de presentar un duro escrito en el que duda de la vocación del Gobierno en la lucha contra la corrupción. |
Manuel Garrido renunció en forma sorpresiva a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), el organismo dedicado a perseguir penalmente los delitos de corrupción de los funcionarios públicos. El fiscal tomó la decisión cuatro meses después de que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, firmara la resolución 147 que acotó las facultades de la fiscalía. En un escrito de veintiún páginas redactado en castellano y en inglés –que será enviado al procurador y a todos los organismos anticorrupción del mundo–, Garrido argumentó que la resolución del procurador condenó a “la FIA a un rol casi intrascendente” y destaca que no puede seguir en el cargo por estar “acotado en mis funciones”.
Según el texto de su renuncia, al que accedió este diario, el fiscal se mantuvo en su puesto hasta ayer para terminar algunas investigaciones importantes que no quería dejar pendientes. Uno de esos casos es la reciente denuncia contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por el uso de aviones privados solventados por empresas del grupo Cirigliano para viajes personales.
En sus cinco años como fiscal anticorrupción, Garrido impulsó causas contra muchos funcionarios del gobierno kirchnerista: investigó el enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, la manipulación del INDEC y la bolsa de Felisa Miceli, entre otras decenas de causas.
El conflicto con el jefe de los fiscales comenzó el 6 de noviembre del año pasado cuando Righi decidió, mediante una polémica resolución, poner límites al accionar del fiscal. Esa decisión le arrebató a la FIA la atribución de intervenir en forma directa en expedientes iniciados por denuncias de terceros. Hasta entonces, Garrido podía realizar investigaciones preliminares y además intervenir en causas que no hubiera impulsado él mismo. Por otra parte, en el caso de denuncias hechas por el organismo, Righi apuntó que el fiscal sólo podría asumir la acción penal cuando el fiscal natural del caso decidiera no continuar la acción.
Desde entonces, los choques fueron permanentes. En su primera apelación en un expediente después de “la 147”, Garrido presentó un escrito diciendo que no sabía si tenía facultades para actuar en una causa por enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx. La respuesta del procurador fue poco sutil y también en papel: le recomendó que deje de “realizar campañas de promoción personal de su rol en la lucha contra la corrupción”.
“No puedo mantenerme en mi puesto si estoy acotado en mis funciones”, explicó anoche Garrido a este diario. En su renuncia, el fiscal contrapone las disposiciones de la resolución 147 con un listado de argumentos legales y antecedentes jurídicos sobre la potestad y la relevancia de la FIA. Además, enfrenta a Righi con sus propias palabras cuando el mismo procurador defendió el accionar de la FIA en un documento titulado “Apuntes sobre el sistema judicial” en donde reconocía que “en los últimos años, con la designación de un nuevo titular fueron efectuadas importantes modificaciones tendientes a modernizar la gestión del organismo”.
Garrido considera que no hay retorno de esa medida: “El cambio de rumbo que ahora se viene a consagrar deja mi gestión al garete condenando a la FIA a un rol casi intrascendente que no condice con las capacidades que se la dotó a costa de los contribuyentes”. Su cargo, al que accedió por concurso, le permitía seguir los pasos de operaciones sospechosas de funcionarios nacionales. “Está claro que la corrupción –dice su renuncia– es un fenómeno que se da en mayor o menos medida en todos los países pero lamentablemente el nuestro se destaca por la impunidad casi absoluta de ese fenómeno y la falta de decisión y seriedad para hacerle frente.”
“Pido disculpas por no poder superar ya más este cansancio de correr en la dirección contraria”, escribió Garrido en la última línea de su renuncia.
Cigarrillos y Coca light
Abogado, de 45 años, Manuel Garrido es especialista en investigaciones sobre el control del Estado. En 2000 ingresó a la Oficina Anticorrupción, y tres años más tarde llegó a dirigir ese organismo. En 2005 saltó de la OA a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas luego de ganar un concurso.
Su nombre se hizo conocido por haber dado impulso a investigaciones como la del caso Skanska; el uso impropio de aviones por parte del secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner; el pago irregular de 54 millones por parte del Ministerio de Economía; las irregularidades del tendido eléctrico de Santa Cruz; la denuncia contra Felisa Miceli por la bolsa de dinero encontrada en su baño y la manipulación de los índices del INDEC, entre otras.
Garrido dejará su oficina y se llevará a cuestas sus infaltables cigarrillos y su provisión de coca light. Para los próximos días tiene planeado un viaje por el exterior.
OPINIÓN
Es preocupante
Laura Alonso (Directora de Poder Ciudadano)
La renuncia de Manuel Garrido es una situación lamentable y preocupante. A pesar de ello, nosotros siempre miramos al futuro. Tratamos de que haya transparencia en el nombramiento de los fiscales y de analizar los antecedentes de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Pedimos la apertura de estos procesos a la ciudadanía y el tratamiento de las sugerencias y recomendaciones de la población.
El candidato a ocupar el cargo de Garrido va a ser un indicador del interés del Gobierno por fortalecer o por destruir la Fiscalía. Estamos en un punto de inflexión respecto de la posición que el Ejecutivo asumirá contra los casos de corrupción. Esperamos que se respeten y se cumplan los mandatos de las convenciones internacionales de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, garantizando los principios de independencia y autonomía de la fiscalía.
No agachó la cabeza
Ricardo Monner Sans (Abogado, constitucionalista)
Manuel Garrido me acompañó en “el patrimonio del matrimonio”, aquella acción que promoví el 2 de febrero de 2008 por presunto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, derribando la postura del juez Rodolfo Canicoba Corral.
No me olvido de su entredicho con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y de la postura de este último pretendiendo cercenarle las facultades. En la opinión pública, junto con el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, quedó instalado que era uno de los pocos funcionarios que no agachaban la cabeza frente al poder político.
Entre un Consejo de la Magistratura donde domina el oficialismo y un claro temor instalado en los Tribunales respecto del matrimonio presidencial, Garrido quiso tener un perfil diferente.
En su lugar, yo no hubiera renunciado.
Una pérdida
Luis Villanueva (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ))
La decisión de Manuel Garrido significa una pérdida para el sistema institucional argentino. En caso de que su renuncia se haya debido a presiones, es inevitable pensar cuán graves son las razones para que una persona como él renuncie a su tarea.
Lo deseable es que Garrido se hubiera quedado, sobre todo porque ha hecho un gran trabajo en la Fiscalía. Lo cierto es que no ha contado con todo el apoyo que debería haber tenido desde lo institucional.
También se podría pensar que su renuncia es una oportunidad para que se realice un proceso transparente y se repita una selección como la de Garrido.
Su renuncia es un mensaje que trasciende su situación personal, porque si se fue por presiones, es un mal mensaje para toda la sociedad. Eso significaría que las personas honestas y capacitadas se van vencidas por un sistema.
http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=20184
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