LATINOAMÉRICA

ENTREVISTA AL FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE PARAGUAY

 P- Ha habido casos importantes que ha investigado: de enriquecimiento ilícito del coronel Heriberto Galeano, del actual diputado Victor Bogado, el ex gobernador  Juan Carlos Bottino, por narcotráfico a Jonathan Wink Soligo, el del juez Roberto Martínez; sin embargo, la mayoría de estas causas quedaron sin recibir condena. Cuáles serían los motivos de esta aparente impunidad?

P- Y fundamentalmente a qué sectores específicos de los poderes fácticos se refiere. Podrá brindar detalles o nombres que sobresalgan en Paraguay.

R- En Paraguay tenemos indudablemente como ejemplo la masonería. Es lamentablemente un órgano, una institución que tiene muchísima influencia. Creo que hay abogados, fiscales, jueces, magistrados de alta jerarquía que forman parte de esta logia que en su esencia no tendría que tener ninguna injerencia en las decisiones judiciales; pero de la experiencia se puede asegurar de que si. Una gran cantidad de nuestros procesados pertenecen a esa asociación.
    
P- La  Masonería tiene mucho poder en Paraguay?

R- La  Masonería, se presenta como un poder oculto, que está detrás de cada grupo, detrás de cada autoridad que representa algo. Pero tal como se presenta hoy, realmente está causando mucho daño a nuestro sistema de justicia.      
P- Otro grupo que pueda tener poder así como la masonería, del Opus Dei tiene conocimiento.

R- No, realmente de la experiencia que tengo no tienen mucha injerencia. Si los grupos políticos, las asociaciones políticas que van creando una suerte de casta que va tomando, ejerciendo cierto control en la política nacional y lamentablemente inclusive ya en el ambiente jurídico, ya se envía la advertencia si en algún momento cae algunos de sus integrantes, entonces el que provocó eso va a ser destituido tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.

P- Y como fiscal dado esta injerencia del poder político y de aquellos que ostentan el poder económico, ha sufrido usted injerencia en la toma de decisiones en estos grandes casos.

P-Ha habido casos renombrados sobre todo de narcotráfico donde la Corte Suprema de Justicia les ha dado la libertad ambulatoria  a estos delincuentes. Cual es su criterio al respecto, sobre todo de narcotraficantes.

R- Bueno, siempre existió en el tema narcotráfico, una especie de INTEGRACION ENTRE PODERES. Recuerdo que en mi época de integrante de la Unidad Antidrogas había reuniones entre jueces, reuniones entre ministros de Corte, fiscalía para ir creando políticas de actuación en el tema de narcotráfico, pero de ese tiempo a esta parte aparentemente aquella integración terminó. No se dan más esas reuniones formales para ir creando criterios, posiciones dentro del ámbito jurídico relacionado a la lucha contra el tráfico de drogas. Y eso permite que entonces vayan ingresando sectores exógenos a esta organización y vayan provocando fisuras en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Consecuencia de ello fue precisamente la absolución hace unos meses principalmente de un narcotraficante, del hijo de un narcotraficante buscado en el Brasil que fue hallado en flagrancia con 160 kilogramos de cocaína en su establecimiento ganadero. En realidad, lo que allí se constató era que por más que se hayan aportado pruebas, por más que se los haya encontrado en flagrancia en el lugar del hecho con la droga, iban a buscar algún artilugio procesal como para que puedan ser absueltos. El ambiente vivido en Pedro Juan   Caballero fue bastante tenso, para nosotros era todo una parodia. Pensaba íntimamente -como lamentablemente uno tiene que someterse al sistema y decir bueno tenemos jueces en frente, que íbamos a imponer justicia; sin embargo, ya en el ambiente pedrojuanino ya se comentaba y llegaba eso a nuestros oídos de que ya era inminente la absolución de estos ciudadanos. Inclusive, la mayoría de los abogados, algunos jueces comentaban eso, o sea ya estaba pactada la absolución. Aún así, igual nos sometimos pensando que no iba ocurrir así, pero ya en el primer incidente, así pero burdo, donde supuestamente no había firmado un fiscal la declaración indagatoria de los imputados y que por esa razón entendió el tribunal de que hubo violación del ejercicio de la defensa. Pero si uno analiza jamás puede hablarse de violación de la defensa en juicio porque a partir de ese acto los abogados de la defensa. Allí, empezaron a utilizar todos los resortes procesales que permite el Código para poder revertir nuestra acusación, es decir recurrieron a los Tribunales de Apelación, ante la Corte nos recusaron, nos llevaron al Jurado de Enjuiciamiento. Eso significa que ellos estaban en conocimiento de todo el procedimiento, no se puede decir que el proceso se estaba llevando a espaldas, ellos proponían diligencias. Pero nada de ello primó para conseguir una absolución. Aunque tengamos la ley en nuestras manos, en esos casos jamás se van a aplicar. Por eso yo creo que depende mucho de los jueces, de la persona que en ese momento está ejerciendo la función de juez para poder  conseguir y así evitar esta constante impunidad que tenemos en Paraguay.

P- Que piensa de los sucesos que probablemente se dieron pocos días antes de su absolución. La prensa lo dijo: el atentado a la Corte Suprema de Justicia, incluso la explosión de la bomba en el jardín, como amedrentamiento de los narcotraficantes para la toma de decisión que después pudo darse con la absolución al hijo de este narcotraficante. Pudo haber tenido alguna relación.

P-Es muy llamativo que ocho días después lo hayan absuelto al hijo del narcotraficante, es por eso el análisis que se intenta hacer.

R- Honestamente digo y lo diría si es que evidentemente encuentro alguna relación,  que no creo, no tiene sentido atentar en Asunción, mientras el juicio se estaba por desarrollar en Pedro Juan Caballero. Dentro de nuestras propuestas que habíamos hecho, ya previendo de alguna forma de que eso se podría haber dado en Pedro Juan Caballero, es que habíamos solicitado que el juicio oral se traslade a Asunción. Y tampoco nos permitieron. Anterior a ese juicio, inclusive habíamos recusado a todos los miembros del Tribunal de Sentencia, porque ya sabíamos que iba darse ese resultado.  Lamentablemente uno de los jueces recusados fue el que volvió a sortear a los jueces. Entonces fue muy difícil, el sistema está corroído por la corrupción, desde sus cimientos hasta el pináculo de su estructura.

P-Usted describe una alta incidencia de los poderes fácticos o del crimen organizado en el sistema judicial. Según su visión sigue siendo influencia nomás o hay ya una especie de control absoluto de las instituciones actualmente.

R- No creo que se llegue al control absoluto aún. Pero si es que no se establecen cotos,  límites a este avance  creo que vamos a caer en eso. Yo puedo asegurar que hay jueces pero tremendamente honestos, hay jueces así valientes,  hasta están en condiciones de dar su vida por su criterio y no van a dudar un momento, no les  va a temblar la pluma para firmar una sentencia. Pero lamentablemente esos jueces no están en los lugares de decisión, tal vez ex profeso, no se los lleva allí, pero si esto continúa así, corremos el serio riesgo de que colapse y puede ser muy peligroso para la República.
 P- La intención del gobierno actual y su política o el sentir el cambio de las personas que hoy dirigen la Corte.  Usted cree que es positiva, se podría lograr.

P- Que opinión le merece el hecho de que ahora se haya impuesto la Inamovilidad de esta Corte justo cuando hay un cambio de criterio en el gobierno que aparentemente tiene una tendencia realmente socialista.

El funcionario público, los legisladores, ministros de Corte y el Presidente tienen que darse cuenta de esa realidad. Por que acá lamentablemente en Paraguay todo se politiza. No  porque se lo aprehende, se lo procesa a alguien, es una reacción política, los opositores están diciendo lo mismo. Antes cuando el Partido Colorado era gobierno, la mayoría de nuestros procesados eran colorados y decían que porque teníamos cierta inclinación liberal y que por eso procesábamos a colorados. Pero hoy nos damos cuenta que no son colorados nuestros procesados, son muchos que pertenecen al Partido Gobernante, no esta en eso.

P- Cual es su visión con relación al papel que han cumplido los medios masivos de comunicación y también la sociedad civil en Paraguay para la lucha contra o favorecer la impunidad en los casos que ha afectado sobre todo a poderosos o a gente con mucha influencia dentro del Sistema Judicial-llámese políticos, banqueros, empresarios, jueces, fiscales, aduaneros.

R- Creo que los medios de prensa representan a la voz del denunciante. Como no existe confianza en las instituciones, la mejor forma de denunciar es hacerlo a través de los medios. Para el denunciante, la prensa en este momento es como un salvavidas, porque ya no sabe a quién recurrir, va al Ministerio Público, va al Poder Judicial, va a los legisladores, a las instituciones publicas, no consigue un resultado. Por ello el papel de la prensa en estos momentos es tremendamente esencial. Pero los medios también mantienen sus propios intereses. Eso no se puede dejar de resaltar o esconder. Los propietarios de los medios tienen sus propios intereses. Yo he   tenido casos en los cuales he trabajado con algunos medios y estos medios realmente tenían ciertos intereses con el Estado y nada más que por eso no publicaban los indicios que ellos mismos consiguieron. Entonces esos intereses hacían que se retrasen o prácticamente no tengan el efecto, que uno necesita, en realidad nos dimos cuenta que el  único momento  donde,  al corrupto, al poderoso se le hace daño, justamente  es cuando mediáticamente se les afecta, es decir cuando sale el rostro, cuando sale esposado o cuando ve el ciudadano común en televisión de cómo está negociando un proceso por ejemplo. O cuando está pidiendo dinero por algo que estaba obligado a hacer. El estándar probatorio que nosotros mismos creamos en el Poder Judicial es muy elevado, es decir mientras no tengamos elementos directos como ser la conversación frente a frente, o si es que no se le exhibe por ejemplo al funcionario publico con el rostro así pidiendo dinero o recibiendo dinero es como que no se cree, hay incredulidad respecto a si realmente es el autor o no de ese hecho punible.

P-Creando dudas en la opinión pública

R-Claro, eso es lo único que genera efectivamente dudas. Ahora estamos hablando en los casos así de flagrancia. Cuando el funcionario público corrupto va mutando su capacidad de corrupción; es decir, habrás notado hace un tiempo era muy habitual ver a personas cayendo en flagrancia, hoy ya no lo hacen. Por qué. Porque están utilizando a terceras personas para conseguir exactamente lo mismo, entonces no se puede llegar directamente al autor, entonces se tiene que recurrir a elementos indirectos como los registros de llamadas, las conexiones, grabaciones, en audio, seguimientos, en fin un sinnúmeros de elementos indirectos que si nos pueden llegar a la misma conclusión, pero para la opinión publica que se va formando a través de lo que percibe de los medios si cuando existía flagrancia existía dudas, puede imaginar lo que puede ocurrir cuando no hay flagrancia y hay ciertos medios que están “protegiendo” a ese procesado.

P- Las leyes  si bien son generalmente justas pero son muy subjetivas, esa subjetividad enmarcaría que quienes la generaron, la generaron con suspicacia, justamente para que se manifieste la impunidad porque hay casos de robacoches por ejemplo que doce, trece, quince veces entran en la cárcel, o sea tienen un sinfín de situaciones que determina cómo cambió con la prisión domiciliaria y todo eso que amerita a dudar que las leyes subjetivas fueron justamente impuestas para beneficiar al corrupto, al ladrón. Qué piensa usted de eso.

R- Acá tenemos que partir que las leyes no pueden prever todas las situaciones que se dan en la realidad. Para eso están los jueces, que son los que deben interpretar. Lo que si se reclama mucho es que existan políticas de actuación. Políticas Judiciales que vayan sentando criterios de actuación para los miembros del Poder Judicial. Así como en algún momento se tuvo criterios para los temas de drogas, que aparentemente  se dejó de lado. Así tiene que interpretarse los demás hechos punibles. En la zona de Caaguazú y San Pedro, los hechos punibles más comunes eran el abigeato, el cultivo de marihuana, el tráfico de rollos y la destrucción del medio ambiente. Entonces, la Corte tiene que llamar a los jueces de esas regiones, y decirle buenos señores tenemos que actuar así, en estos casos en particular. Porque existe mucha inseguridad, al existir inseguridad jurídica, porque en un caso se le da arresto domiciliario, en el otro caso se le da la libertad ambulatoria, sin embargo está procesado, en otro caso se le da la prisión. Entonces como que no hay coherencia en las decisiones judiciales. Eso es lo que tenemos que armonizar y decir bueno en estos casos de abigeatos,  o de droga, cultivo de marihuana vamos a actuar de esta forma. Y ya no se sale de eso. Entonces el mismo sospechoso o el detenido por tráfico de estupefacientes, cultivo de marihuana o abigeato sabe que si llegara a caer detenido, procesado, indefectiblemente va a permanecer en la cárcel. Y eso tiene que trasladarse a otras regiones del país. Cuáles son los hechos punibles mas comunes en el Alto Paraná por ejemplo: el contrabando, la evasión de impuestos, vamos a crear entonces POLÍTICAS JUDICIALES: de criterios judiciales para esos determinados hechos punibles. Si cae así este ciudadano entonces no se le puede permitir la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión. Creo que en esencia los que nos falta son Políticas de Actuación. Pongo ejemplo el tema de drogas porque si tuvimos en algún momento, se habrá notado, que el que cae preso por drogas, no sale; esto ya está en el ambiente jurídico, el que cae por droga, en flagrancia, no sale. No se beneficia con las medidas sustitutivas. Lo mismo debe aplicarse en el caso de abigeato. El abigeato en regiones como Caaguazú, San Pedro y Misiones afectan pero directamente a la sociedad. Tiene mucha relevancia.

P-Ya que menciona el caso de abigeato, la ley castiga con mayor fuerza el hecho en sí a aquel que está violando una criatura por ejemplo, que realmente el daño es mucho mayor desde nuestro punto de vista a la sociedad; llámese niño o niña. Por que esa diferencia en el castigo, no sería esa lo que mencionábamos anteriormente de que hay leyes que favorecen a los poderosos.

R-En realidad, creo que no son las leyes, más bien las personas que aplican la norma, la ley, son los que mantienen ese criterio subjetivo. Para entender que no existe correspondencia entre los hechos punibles, en el mismo ejemplo, diré que en algunos casos se castigan igual. Es lo mismo robar un animal que violar a un niño o a una niña. A lo anterior hay que ir creando Políticas de Actuación con jueces sensatos. Porque la ley pues es sentido común y la base de la economía  es precisamente el ganado.  Y robarle a una familia, hurtarle a una familia un animal significa que se desprenda de un capital muy valioso para esas personas. Es lo que sería en nuestra economía urbana, que le roben el vehículo. Hoy para esas familias que pueden tener dentro de su patrimonio joyas, pueden tener inmuebles, si en algún momento dado tienen que ir a desprenderse de ello, jamás se van a poder desprenderse por el valor real. Sin embargo con el animal efectivamente van a poder conseguir una suma real por eso. Por eso es importante, por eso se van creando, para eso es importante que se vaya creando una política de Actuación Judicial. Los jueces no pueden actuar, al mismo nivel, un juez de Asunción no puede actuar exactamente igual que un juez de Caaguazú, de San Pedro o de Misiones. Pues los hechos y las características son diferentes y de eso depende mucho la sensatez y la cordura de los jueces. La vida de una persona vale más que la vida animal. Si me pone en la disyuntiva de elegir, como juez voy a elegir naturalmente la vida, pero el juez tiene que saber analizar esas características y todo lo que rodea a ese hecho.

P-Usted habló de la necesidad de una Política Judicial de parte de los ministros de la Corte.  En los casos que a usted le cupo investigar cuál ha sido el papel que ha tenido la sociedad civil en cuanto al apoyo que ha recibido en la lucha contra la corrupción.

R-En realidad el mayor apoyo que recibí fue no así a nivel funcional sino a nivel personal. En realidad si sigo estando en el Ministerio Público es precisamente para no defraudar ese apoyo, esa colaboración que sentía detrás, ese interés ciudadano de parte de los que nuestra unidad significaba para el ciudadano. Fue precisamente en el año 2006, cuando estábamos muy cercanos al tratamiento de nuestra confirmación o no en la Fiscalía.

Creo que sin ese apoyo ciudadano, sin ese apoyo de los medios, probablemente hoy estaríamos hablando totalmente de otra cosa, o probablemente ni siquiera hubiéramos estado hablando. Por eso el papel en ese caso ciudadano, ese respaldo ciudadano tuvo mucha injerencia  en mi decisión de seguir permaneciendo en el Ministerio Público. Pero más bien a nivel personal, todavía no estamos encontrando el canal, como para llevarle al ciudadano, a no solamente a ir a defender a personas sino que creo que debe incursionarse en la siguiente etapa. O sea, el ciudadano común ir haciendo el mismo tipo de presión pero ya  para modificar estructuras. Si me pregunta qué estructura querría modificar, le diría el Parlamento. Para mí ahí está centrado el poder del Estado. Mientras no modifiquemos eso, no vamos a poder avanzar en ninguna de las otras instituciones.

P-Se puede decir que donde mayor incidencia tiene el crimen organizado sería en el parlamento.

R-Creo que si una organización criminal centra su atención o su poderío en la obtención, de legisladores, creo que va a tener el poder del Estado. No quiero ser tan tajante o extremista al decir que los parlamentarios forman una organización, porque hay excelentes parlamentarios. Conozco a muchos de ellos, tienen así una postura, una visión, pero de primer nivel y de primer mundo, sin embargo si no se puede dejar de mencionar que si las organizaciones relacionadas al crimen urbano, crimen nacional organizado tienen mucho acercamiento a los parlamentarios, Porque saben precisamente esto que estamos discutiendo ahora, teniendo en su poder a los legisladores,  a congresistas van a poder tener el poder del Estado.

 P-En los últimos meses ha existido pareciera toda una campaña periodística contra usted para cambiar su imagen de fiscal integro, eficiente y cumplidor fiel de su deber al servicio de la sociedad que usted construyó con su trabajo. Cuál sería las motivaciones de estas críticas.

R-Creo que cada medio, aparte de sus políticas, aparte de tener políticas propias a nivel nacional tiene sus intereses personales o la de sus propietarios. En este caso particular  creo que específicamente un medio, aparecía esa crítica que no tenía aparentemente sentido.  ¿Por que surgió ahora? , en este momento, porque nadie está enfrascado en ninguna campaña política.

No existe una intención de ocupar algún cargo público. No existe un origen razonable del porqué justo en este momento. Entonces la única explicación que podemos pensar es que efectivamente hay un interés en particular de proteger a alguien. Lo que si objetivamente podemos traer a colación es que hace unos días antes de esas publicaciones se hicieron ciertos allanamientos que involucraron a personas que estaban relacionados al Poder. De hecho nosotros tenemos lamentablemente funcionarios públicos, la corrupción dentro del funcionario de alguna forma es el reflejo de la corrupción del ciudadano. Y de eso no se pueden escapar tampoco los periodistas, los medios. Hemos tenido procesos contra periodistas que justamente por dinero publicaban o no publicaban determinadas actuaciones. Y creo que en este caso en particular hay algunos periodistas que están sumidos en determinado interés relacionado a las personas que estamos investigando. Creo que estos ataques circunstanciales que se dan no son del medio en sí sino de determinados y algunos periodistas.

P- Estos ataques son netamente particulares, por casos particulares.

R- Creo que sí. Solo que se magnificó, para que vean nomás el poder del medio donde se publicó, esto se puede magnificar, de repente notamos una parte de la  prensa está a favor de nuestras intervenciones y la otra parte esta en contra. Pero creo que tenemos que convivir con esa particularidad porque de hecho en nuestra función se da esta situación, no soy político, en realidad me interesa poco o nada si es que soy simpático o antipático ante la opinión pública. Porque sé que las actuaciones nuestras pueden caer muy mal a ciertos sectores de la ciudadanía, y de los medios de prensa. Pero si puedo caer simpático, excelente.

P- Entonces se descarta una estrategia más bien política de utilizar los medios para impedir su futura candidatura a fiscal general del Estado, siendo usted un candidato natural. Tal vez no tenga intenciones pero personas que ven su trabajo que están detrás con intenciones de llevarle a ese relevante puesto.

R- Creo que esta circunstancia no hace relación  aun a eso, pero estoy seguro, que lo primero que se va a hacer resaltar en un momento dado es precisamente los supuestos resultados. La Fiscalía de Giuzzio no tuvo resultados, eso es a lo que más están apuntando. La  realidad nuestra, nuestro papel es muy limitado dentro del engranaje del sistema de justicia. La Fiscalía lo que hace es obtener pruebas y presentarlas ante los jueces, y son los jueces quienes juzgan finalmente el hecho. Entramos en un sistema bastante manchado hasta si se quiere de doble faz, en donde muchos actúan de una forma con uno y realmente los que se pretenden es otra cosa. La fiscalía está haciendo su trabajo desde el mismo momento de que esta sacando a luz muchos hechos. Creo que mediante la intervención del Ministerio Publico, en especial los casos de corrupción, muchos jueces y fiscales ya no están en sus cargos; incluso, gobernadores. Después de 5 años en un caso de cohecho y corrupción contra un ex agente fiscal suspendido en el año 2004 recién se pudo realizar una audiencia preliminar. Entonces no se puede atribuir a la fiscalía en todo este tiempo que la causa no pudo avanzar. Evidentemente los que pretenden muchos abogados que representan a sus clientes considerados corruptos, optan por el paso del tiempo como medio para llegar a la impunidad. Que no se juzgue la causa, se extinga o prescriba los hechos punibles. Cuántos son los casos que han prescrito o se han extinguido en la Corte Suprema de Justicia. Pues, he pasado por eso.

P-También llama la atención ante esta aparente persecución periodística, que miembros del Jurado inclusive hayan hecho ciertas manifestaciones en contra de su persona, inclusive gente muy representativa del Jurado.
    
R- En realidad creo que para hacer más obvio el interés desmesurado de algunos periodistas, no de los medios sino de algunos periodistas, evidentemente con la intención de provocar así cierta animadversión entre nuestra unidad y los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, se han puesto ex profeso de entredicho  nuestras palabras. Cuando el periodista me pregunta porque tantas denuncias ante el Jurado, mi respuesta en aquella ocasión fue que en realidad es una herramienta a la que acceden la mayoría de nuestros procesados. Lo primero que quieren hacer es apartarnos de la investigación y no por una cuestión procesal, no por ineficiencia de nuestra actuación sino por el simple hecho de apartarnos y tratar de conseguir a otro, tal vez un poco más complaciente que nosotros. Y dentro de ese marco es que formulan esas denuncias como primera andanada de sus ataques. En algunos casos prospera, en otros casos no. Fue dentro de ese contexto que  en realidad me importaba un rábano que me denuncien o no. Y ese periodista textualmente publica esa expresión mía que lo dije a él no como para publicarse sino para demostrarle nomás mi desinterés. Estoy tan acostumbrado a las denuncias que realmente me importaban poco o nada. Ese texto se utilizó pero no dentro de lo que dije sino que como para ubicarnos en entre dicho y mencionaba ahí de que me importaba un rábano lo que dijera  el Jurado de Enjuiciamiento. Entonces ese tipo de expresiones si lo escucha o si se le hace leer a un miembro del Jurado naturalmente que va a crear cierto resquemor entre los mismos y nosotros. Pero creo que se aclaró eso en su momento y bueno estamos aún en la nebulosa sobre la decisión del Jurado, si es que se nos suspende o no. Ahora si nosotros, hay un grupo de fiscales que estamos tan consustanciados con lo que hacemos y tan convencidos de lo que hacemos que hasta ponemos en riesgo nuestra vida, la familia y en forma personal y también nuestro futuro laboral.

Creo que el compromiso personal es así integro. Y de un solo lado. Lo que si no se descarta es que dentro de todo lo que se hace se puedan cometer errores, que puedan existir falencias pero puedo asegurar que ninguna de las falencias que puedan aparecer o surgir son de una entidad suficiente como para provocar la nulidad de los procesos porque  creo que es eso lo que persiguen. Quieren utilizar tecnicismos procesales legales para dejar sin efecto un juicio contra poderosos. Y eso no es solamente en mi caso sino en varios procesos con otros fiscales.

P-Actualmente hay parlamentarios abogados que están ejerciendo la profesión y de hecho intervienen en procesos en representación de terceros. Cuál es su criterio al respecto en relación a que podría influir o no en la independencia del Poder Judicial.

R-Creo que en un país serio probablemente aquello no tendría porque influir, en donde la división de los poderes sea así bien manifiesta pero en Paraguay creo que sí, en la práctica, en la realidad creo que viola el principio de igualdad procesal y legal.

P-No está estipulado en la ley que siendo parlamentarios no pueden ejercer la profesión de abogado.

R-En realidad los parlamentarios así como están son los únicos que no tienen inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones, a diferencia de todos los demás funcionarios.

P-Otra vez se cae en lo mismo, que justamente la ley está puesta para ellos.

R-Exactamente, los parlamentarios son los únicos que pueden auto juzgarse o  pueden permitir juzgarle a sus pares. El presidente de la Republica puede ser destituido a través de un juicio político. Los ministros de la Corte,  también. Los jueces y fiscales a través del Jurado. Sin embargo, los parlamentarios son los únicos que pueden decidir si es que permiten que se les juzgue a uno de sus pares. Aun en el supuesto, supongamos que un parlamentario diga, “Yo quiero renunciar a mis fueros”, pero sus pares no lo permiten. Ahí no existe una conciencia, hay conciencia colectiva, pero referente a la complicidad, cual es la idea que están proyectando con  eso y que quieren dejar bien sentado. “ Es que mañana si a mi me toca yo voy a estar seguro que lo mismo van a hacer los demás “. Entonces, los parlamentarios no permiten que sean juzgados sus pares. Yo creo que el hecho de que un congresista abogado no puede estar habilitado. Creo que el juez le tiene que inhabilitar para el ejercicio de la profesión. Como se dio. Hay varios casos que  jueces inhabilitaron, no permitieron la intervención de los abogados legisladores en causas que se llevan ante sus juzgados. Hay varios casos, no estoy recordando ahora, pero creo no de este período parlamentario pero si de los anteriores. Para mi no  corresponde. El congresista es congresista, el Estado le paga para cumplir esa función y si es que no quiere ejercer esa función, que renuncie, que vaya a ejercer la profesión, hoy tenemos empresarios que son congresistas y siguen cumpliendo esa misma función. Tenemos ejemplos de congresistas que en tres o cuatro periodos parlamentarios no han presentado absolutamente un proyecto de ley, ese solo ejemplo da la pauta que está todo mal, tiene que reformarse.

P-Cuál es su visión en relación a la polémica Ley 3759 que actualmente regula el procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y fiscales en relación a su constitucionalidad o no.

R- Bueno, la Fiscalía está proyectando presentar una acción de inconstitucionalidad contra esa norma que realmente nos parece que se contrapone a ciertos principios constitucionales. Por ejemplo con esta nueva ley, el jurado se abroga funciones que están destinadas exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, como es la de suspender a los fiscales y jueces. A través de esta nueva norma y simplemente por ciertos y determinados ejemplos, se dieron algunos casos de fiscales que fueron requeridas las suspensiones. Sin embargo, la Corte dice no, o seas, no tomó aún la decisión respecto a la suspensión pero los miembros del Jurado lo tomaron y a través de ello se obtuvo una nueva ley, la creación, la vigencia de esta ley para establecer que como algo definitivo su propia decisión. En este caso, si ellos (los miembros del jurado) consideran que un fiscal reúne los requisitos para ser suspendido ya no lo solicitan a la Corte sino que disponen la suspensión y eso viola el Principio Constitucional que es neta y exclusivamente atribución de la Corte Suprema de Justicia.

P- Sería o es exagerado hablar inclusive de una especie de golpe político o judicial, o es un golpe al Estado de Derecho. Porque el Jurado se abroga súper-poderes, está por encima de todo.

R- Claro, creo de alguna forma que si eso es verdad. Se atenta contra el Estado de Derecho pero si continuamos con ese mismo espíritu de ir ocupando espacios que no nos corresponden, el día de mañana el Jurado sin siquiera un proceso va a disponer no solamente la suspensión sino la destitución de los fiscales. En fin, lamentablemente en este caso vemos  que el Jurado va ocupando lugares, sitios que no están siendo ocupados por los Poderes. Son vacíos que se dejan y que van siendo ocupados por un órgano que no le corresponde. La Corte es la que tiene que definir esto, establecer los límites para que no ocurra, pero si hay una cierta connivencia entre miembros de Corte y miembros del Jurado que tienen una tendencia política partidaria interesada creo que no vamos a tener, no vamos a poder mejorar y evitar que eso se reencause.

P-Existiría indicios o  evidencias en Paraguay que estos órganos extra poderes constitucionales como el Jurado y el Consejo de la Magistratura sean simplemente instrumentos de los poderes fácticos como se ha dado por ejemplo en otras latitudes como en Sicilia-Italia y en caso que sea así cuál sería la incidencia de estas organizaciones criminales y la corrupción en la institucionalidad del país.

R- Considero que las fuentes de financiamiento de candidaturas y campañas políticas están en esos dos aspectos: La corrupción y el narcotráfico. Partiendo de eso creo que la incidencia que puedan tener los legisladores que nacieron de ese financiamiento es obvio, no van a    permitir jamás que  jueces, fiscales no respondan a sus intereses personales o partidarios. Y detrás de estos intereses personales están los grandes financistas, principalmente  creo que es esa la incidencia. Creo que tenemos ejemplos claros en donde se  dejaron sin efecto, se absolvieron a narcotraficantes, se absolvieron a funcionarios públicos, procesados por enriquecimiento ilícito.

En general, muy pocas veces, nuestra experiencia en sentencias o en condenas en materia de corrupción es casi nula; sin embargo, la experiencia nos habla  que casos de homicidio o casos de secuestro en el que procesado, el acusado no es de  aquellas que están siendo protegidos por los poderes  fácticos, entonces las condenas son tremendamente ejemplares. Fuimos testigos de una condena realmente ejemplar de treinta años a algunos secuestradores del Alto Paraná pero eso mismo cuando se traslada al campo de los procesos por corrupción pública decae. Los mismos jueces que actúan en esos casos, después en los casos de corrupción pública las condenas impuestas son casi nulos. Y no estamos hablando ahí de reformas del marco penal, sino de condenar en base a lo que tenemos, a la Ley vigente. Recuerdo que tuve en el año 2005, uno de los primeros juicios orales por enriquecimiento ilícito,  era un funcionario que tenía estancias, cuentas corrientes, viajes al extranjero, prácticamente como un viaje a San Bernardino, ellos iban a los Estados Unidos, ese funcionario fue condenado a 4 años. Ni siquiera fue condenado a 10 años como correspondía. Cuándo más se va a condenar a un funcionario público por enriquecimiento ilícito, si no se dan en esos casos. Sin embargo ese caso condenado en primera instancia fue posteriormente anulado por el Tribunal de Apelación porque dijeron que el Tribunal de Sentencia no fundamentó la aplicación de la Ley 2523 de enriquecimiento ilícito y no el Decreto 448/40. O sea, por tecnicismo legal nuevamente anularon todo un proceso en un pucho punible que ocurrió. Ese caso se extinguió. Finalmente ese funcionario público hoy puede hacer perfectamente campaña política, puede ser congresista si tiene dinero del mundo como para poder solventar su campaña política. Ni siquiera se pudo obtener el comiso. Realmente es muy grave la intervención de los jueces dentro de los procesos de corrupción. El caso de Cecilia Cubas, por ejemplo, allí nos damos cuenta de la diferencia en las sentencias.

P- Como el caso Wasmosy tampoco tuvo condena.      

R- Ninguno, recurran  a los archivos de prensa y van a ver que ninguno de los grandes casos de corrupción ha llegado así, a un feliz término. Es más, el caso del Padre Rubio, la Corte redujo la condena y hoy está libre. Lamentablemente no tenemos ejemplos como para poder decir porqué no hacemos como tal caso.

P-No existe jurisprudencia en Paraguay.

R- No existe, porque en la mayoría de los casos se salen por el tecnicismo legal o procesal, que en definitiva o anulan el caso o reducen la condena, pero con argumentos muy pueriles, muy endebles.

P- Usted cree que la sociedad, dada la  situación en que estamos, pueda reaccionar y hacer que pueda por lo menos cambiar el criterio que se utiliza para la elección de las autoridades parlamentarias, las listas sábanas, de la que hablábamos. Por que ese sería la única vía alternativa para modificar todo.

R- Creo que sí, creo que se puede. Lamentablemente, sea parte de nuestra democracia natural o criolla. Hay demasiado internismo, hay divisiones en todas las organizaciones. Toda organización que se precie de tal tiene una división y entonces al no haber cohesión, al no estar unidos, indudablemente es muy difícil estirar el carro hacia el mismo sector. Creo que el día que dejemos de lado esos internismos baratos y tengamos un proyecto común, creo que así se puede. Tuvimos algunos ejemplos de reacción natural.  Recordamos  el  marzo paraguayo donde la gente no necesitó, allí estaban colorados, liberales, antistronistas, stronistas, es decir todos en esos momentos tuvieron un frente común, una reacción espontánea, natural, que nos llega a concluir que tiene que ocurrir algo, la experiencia que tenemos es que si no ocurre algo que  nos motive a movilizarnos, realmente nuestra sociedad es muy pasiva. Entonces esto nos da la pauta  que tiene que haber alguien que lidere o algún liderazgo que pueda llevar adelante este tipo de manifestaciones que son absolutamente normales o sea que tienen que darse, mientras no ocurra no vamos a poder cambiar el pensar de nuestras autoridades. Una Reforma Constitucional, los miembros de esa Constituyente van a estar compuesta en su gran mayoría por parlamentarios, que ninguno de ellos va a querer otra vez cambiar o modificar la Constitución o sus intereses, de hecho así fue hecho, pero para defender sus propios intereses. Creo que una de las formas de desaforar a un parlamentario tiene que ser a través de la Corte Suprema de Justicia, como ocurre en legislaciones extranjeras. La Corte Suprema de Justicia es el que decide el desafuero de un parlamentario. Allí, sí se establece el mutuo control. Eso va a obligar que los parlamentarios elijan a los mejores, para la Corte Suprema de Justicia. Imagínense que puedan llevar a la Corte Suprema de Justicia a alguien que pueda hacer cualquier cosa, esto va a ser un peligro para todos y en particular para ellas. Pero para eso tiene que estar dentro del parlamento gente con visión como para que puedan prever esta circunstancia y que ellos mismos se sometan a la Ley como cualquier otro ciudadano. Y la Corte que se deshaga de órganos e instituciones como el Registro del Automotor, Registro Civil, Registro Público, Sindicatura de Quiebras, la Defensoría , en fin muchas instituciones que   pueden salir de allí y que la Corte se circunscriba a su tarea. El Jurado de Enjuiciamiento tiene que desaparecer. El juzgamiento de jueces y fiscales tiene que estar a cargo de la Corte. Son ellos quienes pueden analizar jurídicamente la actuación de un juez o un fiscal y no personas que están relacionadas a los poderes fácticos, políticos. El Consejo de la Magistratura tiene que ser para casos particulares. Si se llega a establecer la Inamovilidad de los jueces y fiscales, entonces para cada vacancia se elige un consejo pero ad hoc, eso va a evitar que existan erogaciones para ese efecto. En realidad es un proyecto un poco más visionario lo que estamos mencionando. Pero ojala que en algún momento se pueda dar y que exista esa voluntad de modificar nuestro país.

JORGE DAVID FIGUEREDO        Y        CARLOS OMAR CRISTALDO
Reporteros de Antimafiaduemila
Asunción, 04 DE Octubre del 2009

14/09/09

RECLUTAN MERCENARIOS PARA DEFENDER A GOLPISTAS

La oferta de 755 dólares más cama y comida por mes de trabajo corre como la pólvora en el tramo medio del río Magdalena, en el centro norte de Colombia. Pese a que los paramilitares de ultraderecha cobijados bajo la sigla AUC se desmovilizaron entre 2003 y 2006, tras una negociación con el gobierno de Álvaro Uribe, muchos de los 32 mil hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia no se han “reinsertado” en la sociedad, como proponía el proceso de paz con el Estado. Centenares de ellos han vuelto a tomar las armas como peones del narcotráfico, y algunas decenas han respondido a llamados que llegan desde un poco más lejos. Como desde Honduras, donde surgen denuncias de que empresarios reclutan mercenarios para que protejan sus propiedades urbanas y rurales ante posibles brotes de violencia debido al golpe de Estado o de ataques de las “maras”.

El diario bogotano El Tiempo informó que dos antiguos hombres de confianza del ex jefe paramilitar Walter Ochoa Guisao, propusieron el trabajo a unos 40 ex combatientes de otro antiguo jefe de las AUC, Ramón Isaza, que dejó las armas en 2006. El Tiempo llamó la atención sobre el hecho de que el “taller” informativo se realizó en una hacienda confiscada al capo narco Jairo Correa Alzate, que, supuestamente, está bajo control del Estado. “Les dijeron que empresarios hondureños de la caña de azúcar estaban interesados en ‘importar’ a ex miembros de las AUC como mercenarios, porque necesitan combatientes rasos”, aseguró un testigo al diario.

En principio, las autoridades colombianas no han confirmado ni negado la versión. El alto consejero del gobierno para la Reintegración Social, Frank Pearl, dijo que es un asunto policial, mientras que el coronel de Policía, Ricardo Restrepo Londoño, encargado de investigaciones sobre nuevas bandas criminales, señaló que la única presencia delictiva confirmada en la zona es la de la banda Los Rastrojos, brazo armado del cartel del Norte del Valle, que recluta a ex miembros de las AUC. “No descartamos que estén involucrados en el tema de Honduras”, dijo Restrepo.

Golpe de Estado Parlamentario En Ciernes en Paraguay

Todo se originaría en la aplicación del artículo 264 de la Constitución Nacional de Paraguay. La citada norma fundamental establece:

Art. 294   Son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura:

1-      proponer ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo.

El Caso del Rechazo A Lovera Cañete Genera Crispación Institucional

SI MATAR EN MEXICO ES LENGUAJE NARCO, DARLE GUERRA  ES LA RESPUESTA

por Jean Georges Almendras

	Los negocios del narcotráfico justifican todo ataque a la vida en no pocas ciudades de México, es la realidad de nuestros días.   Es indiscutible.  Una violencia apocalíptica se ha adueñado de ciudades turísticas. El hombre se ha bestializado aún más: todo con el solo cometido de proteger los intereses económicos que deja el comercio de la droga. Una droga maldita. Una maldición que se está adueñando del mundo. Un mundo cada día más insensible a los gritos de dolor de las numerosas víctimas, que son el saldo cotidiano de la escalada de violencia, que de un tiempo a esta parte, se ha situado en algunas regiones mexicanas, pulseando a las autoridades. Autoridades que esta vez parecen estar decididas a no tranzar. Autoridades que desde hace un tiempo comandan y disponen con la decisión de dar guerra al narcotráfico, aunque  los costos sean altos, tal como recientemente aconteció en Veracruz, donde un jefe policial, su esposa, sus dos hijos y otros dos jóvenes, entre  los 6 y 15 años –al parecer familiares- fueron asesinados –el pasado  día miércoles 15 de julio de 2009- en manos un grupo de armado. La víctima fue el Comandante de Policía José Antonio Romero Vázque, víctima de un feroz ataque a tiros al que se sumó el incendio total de su vivienda a raíz de la explosión de granadas que se arrojaron al interior de su propiedad. Fue una de las tantas demostraciones de poder de los grupos mafiosos que operan en territorio mexicano, provocando una ola de violencia que desde diciembre de 2006 se ha cobrado la vida de más de 11.000 personas. Hoy en día los ataques del crimen organizado contra la autoridad son moneda corriente en calles de ciertas ciudades turísticas de México. ¿Y por qué motivo resultan ser habituales esas sangrientas manifestaciones del poder mafioso?  Porque los jefes policiales –en su gran mayoría- no se pliegan a los lineamientos de los narcos, y es por esa razón que se decide –desde las tinieblas-  ponerlos a costado, vale decir eliminarlos, para que no interfieran en sus negocios. “Lo que resonó en la calle Balajú –título de un popular son veracruzano- no fue esta vez el zapateado. Los vecinos se despertaron con las ráfagas de los fusiles de asalto y las explosiones de tres granadas. La casa de los Romero enseguida se incendio por completo. Los bomberos tardaron más de una hora en apagar el fuego, mientras el Ejército y la Marina acordonaban el barrio de Chalchihuecan” se relata en un diario local, sobre el ataque mafioso en Veracruz, un gran puerto del país y enclave de las rutas de las drogas por levante. Pero otros ataques precedieron al cometido contra el Jefe Romero y su familia. Fueron ataques –durante el día 25 de junio-  contra comercios de la moderna zona de Boca del Río, territorio que estaba bajo su jurisdicción. Más después, el día 13 de julio, se suscitó otro episodio violento, en pleno centro, con el saldo de seis automóviles incendiados.  Eran respuestas directas, a la política de guerra al narcotráfico, declarada por el presidente mexicano Felipe Calderón. Respuestas de sangre y muerte. Respuestas en términos de matanzas en una millonaria carrera de caballos, en Veracruz y tiroteos constantes en Boca de Río. Respuestas con el sello de ejecución, como la del Comandante de Policía de un pueblo Chihuauhua, Juan Carvajal, el jefe numero diez asesinado por el narcotráfico.

Carteles de la droga dan paso a mafias "a la italiana" en México

CIUDAD HIDALGO, México (AP) - Los comerciantes de esta localidad montañosa llena de pinos casi recitan de memoria la lista de pagos por concepto de "protección" que deben hacer al cartel de las drogas de La Familia para seguir operando: 100 pesos mensuales por un puesto en un mercado callejero, 30.000 por una concesionaria de automóviles o una firma proveedora de materiales para la construcción. Si uno no paga, sufre una paliza. Los reincidentes pueden perder la vida. "Si está La Familia... te llegan y te golpean. Cada día llegan los 'madreados' (golpeados) al hospital", comenta el mecánico Jesús Hernández, aludiendo a un hospital próximo al taller donde trabaja. Los carteles de la droga se han convertido en verdaderas mafias que extorsionan, cobran tarifas a cambio de protección y trafican de todo, desde personas hasta películas pirata en DVD. La cocaína ya no genera tantas ganancias y resulta cada vez más difícil burlar a las autoridades de México y Estados Unidos, por lo que los narcotraficantes se han volcado a otras actividades, incluidas algunas que son relativamente más sencillas y redituables que las drogas. Hace dos años y medio el presidente Felipe Calderón lanzó una campaña feroz contra el narcotráfico, en la que ya han muerto 11.000 personas y que convirtió localidades rurales tranquilas como Ciudad Hidalgo en campos de batalla.

http://ar.news.yahoo.com/s/ap/090816/internacionales/rep_gen_mexico_mafias

Hecho público el pedido de la Fiscal Telechea, se supo también, que una vez que el abogado de Bordaberry -Gastón Chávez- reciba el expediente, tiene 30 días de plazo, con una prórroga de otros 15, para presentar sus descargos, y la jueza, eventualmente podría luego pedir ampliación de pruebas antes de emitir un fallo. Según Chávez este fallo no estaría para este año. Bordaberry, además, fue procesado con prisión –en noviembre de 2006, por el juez Roberto Timbal- como “coautor de homicidio especialmente agravado”, por el asesinato de cuatro uruguayos exiliados en Argentina, en mayo de l976. Se trata de las ejecuciones en Buenos Aires, de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los tupamaros Willian Whitelaw y Rosario Barredo. En relación a éste expediente, la Fiscal Mirtha Guianze declaró a los medios que aún no elevó su acusación, en virtud de que la defensa “solicitó prueba diligencial a Estados Unidos, pedido al que el tribunal hizo lugar y dio un plazo de 180 días, que vence en el mes de setiembre”

	Por otra parte se determina que Bordaberry “admitió abierta y lógicamente lo que no podía ser de otra manera: que estaba en pleno conocimiento de todo lo que estaba sucediendo en la sociedad donde él participaba activamente. Lo indudable es que asumió la responsabilidad de todos los actos realizados por las FF.AA y evidentemente, no lo hizo con desconocimiento de la actividad que estas realizaban” se ha puntualizado en el dictamen de Telechea. En el dictamen en cuestión, la Fiscal insiste en el delito de “Atentado a la Constitución”, pese a que dicha tipificación había sido rechazada por la jueza Graciela Gatti. Sobre este delito la Fiscal precisa que “el delito se le imputa en calidad de coautor…en tanto surge plenamente comprobado que efectuó actos directos con el fin de cambiar la Constitución y la forma de gobierno por un medio no admitido por nuestra legislación. Concretamente, el acto directo que se le imputa es la firma del decreto que truncó la vida institucional del país ..Y lo hizo con plena conciencia y voluntad, tal como lo manifestó en su declaración en Sede Judicial”.

De los propios “Resultandos..” se desprende que, en lugar de buscarles la solución a los problemas sociales que manifiesta se estaba produciendo por la vía legal, optó por la vía de disolver el estado de derecho, dando un golpe de Estado”(..) No solo disolvió las Cámaras, y facultó a las FF.AA y policiales a tomar las medidas que consideraran necesarias para imponer, a como diere lugar, su voluntad, sino que además se conculcaron los derechos de expresión de la prensa oral, escrita o televisada” (…) Posteriormente, continuó con una serie de decretos por los que declaró ilegales ciertos partidos políticos y sindicatos, persiguiendo a todos los que se habían afiliado a ellos, sin considerar que dicha afiliación se había producido dentro del marco legal y constitucional”(…)”Precisamente, las personas determinadas en estos autos fueron víctimas de esta situación por cuanto resultaron asesinados y detenidos ilegalmente sin que hasta ahora se hayan encontrado sus restos mortales, solo por pertenecer a un partido o a un sindicato de los que el encausado declaro ilegal”.